CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la solicitud de extradición del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya debió manejarse bajo estricta confidencialidad para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Durante conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que la difusión pública del caso vulneró ese principio, lo que —dijo— provocó un “linchamiento mediático” y la emisión anticipada de juicios por parte de diversos medios de comunicación.
Sin pruebas suficientes, señala
Alcalde Luján indicó que, hasta el momento, Estados Unidos no ha presentado elementos probatorios suficientes para sustentar la solicitud de detención y extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Explicó que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar la información necesaria al país requirente y, en caso de existir evidencia, será un juez quien determine la procedencia de cualquier medida legal.
Asimismo, subrayó que la Fiscalía General de la República no ha emitido un juicio anticipado sobre la culpabilidad o inocencia del mandatario, ni sobre la viabilidad de la detención provisional.
Proceso sigue en evaluación
La consejera jurídica reiteró que el caso se encuentra en etapa de análisis conforme al marco legal mexicano, por lo que cualquier determinación deberá apegarse al debido proceso y a la legislación vigente.
El posicionamiento se da en medio de tensiones entre México y Estados Unidos tras las acusaciones presentadas contra Rocha Moya y otras personas por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
