SAT cobra apenas 10% de multas impuestas por la Profepa en cuatro años: ASF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre 2011 y 2015, el gobierno mexicano cobró apenas 10% de las multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): si bien la dependencia impuso multas por un total de mil 501 millones de pesos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene registro de apenas 150 millones 921 mil pesos cobrados.

De acuerdo con la auditoría 475–DE, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el SAT aseguró que existen tres mil 209 créditos fiscales en proceso de cobro, por un monto de 200 millones 283 mil pesos. Cuando esa dependencia recupere esa cantidad, todavía faltarán cerca de mil 151 millones de pesos por cobrar.

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En 2015, por ejemplo, la dependencia impuso tres mil 696 multas por un total de 268 millones 475 mil pesos, pero el SAT sólo cobró 57 sanciones y recaudó tres millones 957 mil pesos, equivalente a 1.4%.

Hace 20 años, el gobierno federal se comprometió a depositar el dinero de las multas impuestas por delito ambiental en un fondo destinado a hacer más inspecciones y acciones de vigilancia. Sin embargo, la ASF observó que la Profepa no ha constituido este fondo.

Esta es apenas una de las múltiples deficiencias que la ASF detectó en la dependencia dirigida desde diciembre de 2013 por Guillermo Haro Bélchez, quien ocupó entre 2004 y 2011 el puesto clave de secretario general de la Cámara de Diputados.

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“Las acciones de inspección y vigilancia realizadas por la Profepa y la coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no han contribuido a evitar o reducir los efectos negativos al ambiente en las zonas donde se desarrollaron obras o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, lo que no garantiza el derecho de las personas a un medio ambiente sano”, sentenció la ASF.

En 2015, la Profepa interpuso 108 denuncias ante la PGR por acciones que, a su consideración, representaban delitos penales. El Ministerio Público apenas notificó 14 resolutivos: seis fueron procedentes y ocho clasificados en reserva por “falta de pruebas”.

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De 2011 a 2015, la Procuraduría interpuso apenas 263 denuncias –un promedio de 52 por año–, que derivaron en 39 casos abiertos por el Ministerio Público, apenas tres de los cuales terminaron en una consignación, ya sea con o sin detenido. Es decir, de las 263 denuncias por delito penal, sólo hubo castigo en 1.1% de los casos.

La Profepa detectó irregularidades en cuatro de cada diez inspecciones que realizó hace dos años e impuso medidas correctivas en apenas 55.3% de los casos irregulares. Hasta octubre de 2016, fecha en que la ASF concluyó la auditoría, la dependencia no explicó las razones “por las que no sancionó todos los incumplimientos”.

En Aguascalientes, por ejemplo, la dependencia realizó 11 inspecciones ese año, detectó irregularidades en siete de ellas, pero impuso apenas una medida correctiva. En Baja California Sur no impuso medidas en ocho de cada 10 irregularidades detectadas. Igual en Campeche y en Tamaulipas dejó intocadas a tres de cada cuatro situaciones irregulares.

En Colima, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Querétaro y Baja California, la dependencia detectó irregularidades en más de 60% de sus visitas.