CAMPECHE, Cam. (apro).- Luego de negarse a pagar la extorsión que le exigían para evitarse el decomiso de un cargamento ilegal de madera, Abdulio Lorenzo Hernández Pech fue baleado hace diez días por policías municipales de Champotón. Hoy él enfrenta cargos judiciales por “homicidio calificado en grado de tentativa”, mientras que contra los agentes implicados no hay averiguación.
El hecho ocurrió el sábado 6, víspera del primer informe del gobernador priista Alejandro Moreno, lo que desencadenó una furiosa protesta de la comunidad de Xbacab, una pequeña localidad dedicada a la manufactura de muebles de madera, en contra de la autoridad, que a su vez respondió con la represión policiaca.
Por este caso hubo cuatro detenidos, incluido el lesionado y su hermano.
Hoy el fiscal general del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, informó en conferencia de prensa que el pasado domingo dos de los detenidos “en flagrancia” por los disturbios en Xbacab, a quienes identificó por las iniciales M.A.V.E. y P.D.S.M., quedaron vinculados a proceso.
A ambos se les imputan los delitos de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y daños en propiedad ajena en pandilla”. Además se le concedió a la Fiscalía la medida cautelar preventiva oficiosa por cuatro meses para concluir la investigación complementaria.
A su vez, Abdulio Hernández, quien permaneció diez días en el hospital general de esta capital, fue detenido anoche en la intersección de las avenidas López Portillo y Maestros Campechanos instantes después de haber sido dado de alta. Se le trasladó a la FGE y luego al penal de San Francisco Kobén.
No obstante, tuvo que ser reingresado al hospital anoche mismo.
Todo el conflicto, acusaron los lugareños, derivó de un acto de corrupción de la policía municipal que, por cierto, como todas las corporaciones en el estado, depende de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, cuyos elementos, según el gobernador, “son los más confiables del país”.
Los pobladores dijeron que los municipales detuvieron los dos camiones cargados de madera porque los conductores se negaron esta vez a pagarles la cuota de extorsión, que era de mil pesos, pero de súbito pretendieron aumentarla a 2 mil.
La discusión pasó a los golpes entre Abdulio Hernández y uno de los policías –presuntamente Pedro Ávila–. En la riña el agente venció al maderero, le descargó tres balazos a quemarropa con su arma de cargo, calibre .9 mm: dos en el abdomen y otro en el hombro.
Poco después fueron enviados al lugar policías ministeriales para levantar las pesquisas sobre lo ocurrido, pero según la FGE los agentes fueron agredidos y secuestrados por los pobladores, quienes los encerraron en las celdas de la comandancia de la policía de la localidad y amenazaron con quemarlos.
Además, los pobladores volcaron e incendiaron dos camionetas oficiales de la Policía Ministerial Investigadora. Poco después las protestas fueron reprimidas por antimotines en un violento operativo, del cual circula un video en redes sociales.
Incluso la comunidad contradijo hace unos días la versión de la Fiscalía. Los lugareños aseguraron que nunca privaron de la libertad a los cinco agentes ministeriales, y que los metieron a la cárcel de la comandancia policiaca del lugar para protegerlos, pues había gente muy furiosa.
Hoy, en su repentina conferencia de prensa, Herrera Campos confirmó que anoche se cumplimentó una orden de aprehensión contra Abdulio Hernández Pech, cuando éste abandonaba el hospital, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
“Actualmente se está en espera de que el juez de control inicie la audiencia en la que se definirá su situación jurídica”, agregó.
La narración que hoy ofreció en torno a lo ocurrido el día 6 varió con respecto de la versión que se emitió el pasado día 8. En la nueva historia, los ministeriales supuestamente intervinieron con los municipales en la detención de los dos camiones que transportaban la madera talada de manera ilegal.
“En la tarde del 6 de agosto venían circulando dos vehículos cargados con madera de tala ilícita, y policías de Champotón les marcaron el alto, las personas no obedecieron. Con apoyo de la Policía Ministerial se les cerró el paso y de ahí se desencadenaron los hechos”, argumentó el funcionario, quien añadió:
“Posteriormente, cuando los ministeriales acudieron al lugar de los hechos para sus diligencias correspondientes, fueron retenidos de manera ilegal, fueron privados ilegalmente de su libertad y se los llevó un grupo de pobladores a Xbacab, entre ellos los hoy detenidos”.
También dijo que los irritados pobladores de Xbacab “pedían, entre otras prestaciones, que se les devolviese la madera asegurada, si no, no accedían a liberarlos. Rociaron gasolina y prendieron dos vehículos propiedad del gobierno del estado asignados a la Fiscalía, destruyéndolos en su totalidad”.
Y afirmó: “Definitivamente no hay manera de dispensar este tipo de actitudes por más que la gente pudiera considerar tener alguna razón que la asistiese; en este caso, el hecho de que les hayan retenido los camiones o inicialmente un camión cargado de madera, esto no los asistía de ninguna forma, y se continuará con el proceso hasta llegar a sus últimas consecuencias”.
Pese a que originalmente fueron detenidos por transportar un cargamento ilícito de madera, que es delito federal, reconoció que hasta el momento no se ha dado parte a la Procuraduría General de la República (PGR).
“Estamos trabajando con la Profepa para definir la cantidad de madera que venía en el vehículo y así determinar si es competencia de la PGR; no tenemos todavía ninguna persona detenida por esa causa”, aclaró.
Herrera Campos dijo que probablemente se liberen más órdenes de aprehensión contra pobladores de Xbacab por los disturbios del 6 de agosto, y admitió que pese a las acusaciones de corrupción en contra de los municipales, no hay alguna denuncia formal y por eso no hay averiguación alguna contra ellos.
“No tenemos ninguna denuncia al respecto, por tanto no hay alguna investigación; si los pobladores consideran que hay razones para ello, se recibirá su denuncia y se le dará tramite a la investigación, pero aun suponiendo sin conceder, eso no los autorizó a la brutal violencia que llevaron a cabo”, advirtió.
