TIJUANA, Baja California.- El gobernador Jaime Bonilla solicitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, demandar la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, por enviar a elementos de la Guardia Nacional a recuperar a la fuerza la caseta de cobro de Playas de Tijuana.
Al fijar su postura, Bonilla calificó el actuar de la dependencia federal y de los oficiales como “gansteril” al someter a la ciudadanía que protestaba en contra del cobro de peaje para transitar por la autopista.
Además de la solicitud al gobierno federal, pidió al Congreso del estado emitir un exhorto para expropiar el tramo carretero que el gobierno federal le expropió a los bajacalifornianos.
“Yo le quiero mandar un mensaje al amigo de Baja California, al licenciado López Obrador, que no permita este tipo de abusos, no importa quién sea el funcionario. ¿Quién es el secretario de Comunicaciones para ordenar una cosa como ésta? ¿Quién es el director de Capufe? Son unos empleados que de repente se les ocurrió ‘vamos a mandar la Guardia Nacional y vamos a enseñarle a Baja California quién manda’. Yo le estoy pidiendo al señor presidente que le pida a la Guardia Nacional que se retire de la caseta como debe de ser. También le estoy pidiendo al Congreso de Baja California presente un exhorto y una iniciativa y mandársela al Congreso Federal para expropiarles la carretera que le expropiaron a los bajacalifornianos”, dijo Bonilla.
De acuerdo con el gobernador, a unas cuantas horas de haber firmado el decreto para la liberación de la caseta de cobro de Playas de Tijuana, elementos de la Guardia Nacional arribaron en la madrugada del jueves a dichas instalaciones para remover a los agentes estatales por considerar que el acto fue ilícito.
Sin embargo, casi ocho horas después de haber retomado la operación, la situación se salió de control cuando de nueva cuenta la Guardia Nacional empujó y arrestó a tres personas que luchaban por defender lo que el gobierno estatal había logrado al liberar la caseta.
Bonilla Valdez aseguró que el caso fue expuesto al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tras sostener una reunión con él en la Ciudad de México.
“Ven ustedes, no era necesario esa rudeza, ellos tienen el derecho de protestar porque su gobernador ya había decretado esa decisión. Si no estaba de acuerdo la Guardia Nacional o la Secretaría de Comunicaciones, que cobardemente utilizo a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional cobardemente se prestó para eso en contra de ciudadanos, si no estaban de acuerdo, que vayan a los juzgados y que nos ganen ahí. Pero ellos saben perfectamente que ellos han otorgado concesiones ilegalmente. Nunca se debió de haber otorgado una concesión después de los primeros 20 años, pero lo hicieron y todo ese dinero para México, en manos de quién sabe quién y todos los bajacalifornianos pagando por eso”, dijo.
Bonilla Valdez aseveró que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no tiene la facultad para determinar como acto ilícito la liberación de la caseta, sin embargo, dijo que los únicos encargados en calificar el tema son los jueces.
“Eso que lo hagan los tribunales, ellos son los únicos que pueden decir que es ilícito. A ver, quiero saber, si alguien le invade su terreno, ¿usted tiene que ir con las autoridades para sacar a esa persona? […] o sea, hay leyes y estos señores al parecern en la guardia nacionaln no entienden eso. Si esto es un acto inconstitucional, pues entonces que vayan a los tribunales. Yo siempre he dicho ‘si pierdo, respeto’. Pero el pueblo de Baja California ya está cansado de abusos”, comentó.
Por ultimo, confió en la decisión que tomará el presidente de la república, ya que de acuerdo con el mandatario estatal la liberación de la caseta fue una promesa de campaña de López Obrador.
Con información de: Carolina Vázquez
