CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La entrega del control y administración de los puertos del país a la Secretaría de Marina, el anuncio de una ley sobre “uso legítimo de la fuerza” y la Ley de Seguridad Interior avalada por el secretario de la Defensa Nacional son parte de un andamiaje legal que anticipa un golpismo disfrazado y la justificación para reprimir las protestas sociales y políticas por venir.
De este sumario legislativo puesto en marcha por el gobierno e impulsado por los militares mexicanos, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior –de supuesta autoría PRI-PAN– significa la máxima garantía de impunidad a los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que, de ahora en adelante, cometan las Fuerzas Armadas.
A esto se refieren militares y políticos con “dar certeza y legalidad” a su actuación en materia de seguridad cuando los llaman a patrullar calles y a su desem¬peño en la guerra contra las drogas y el crimen organizado. Querían agregar fuerza legal a la que ya ejercen con severas acusaciones.
La propuesta que se debate sin mucha oposición dentro del Congreso tiene un valor político adicional: ser instrumento para atacar “acciones de desestabilización”. Esto quiere decir, reprimir abiertamente la protesta social o política (como fueron, por ejemplo, los conflictos poselectorales de 2006) y ayudar al grupo político que le toque (PRI o PAN) a mantener el poder presidencial.
Bajo esta perspectiva no es exagerado afirmar que estamos ante la conformación de un andamiaje de dominación político-militar con la coartada doble de asegurar, por un lado, impunidad legal a los militares en su cobertura en su desempeño policial emergente (que ahora será de “seguridad interior”) y, por otro, su uso político-represivo de carácter faccioso (al servicio del presidente en turno).
La iniciativa de ley se presentó a menos de un mes del asesinato de cinco soldados en Badiraguato, después de haber lucrado políticamente con poco más de un centenar de soldados muertos a lo largo del sexenio, y con una estrategia de melodrama que fue seguida por medios, líderes de opinión e intelectuales.
Los militares mexicanos, desgastados a decir del titular de la Sedena, obtendrán con Peña Nieto lo que no lograron con Felipe Calderón: un paraguas legal, que no sólo proteja a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) de acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos, sino que ensanche sus atribuciones de control y vigilancia sobre la sociedad.
De este modo, los militares evaden el avance de juzgarlos en el ámbito civil que había acotado su fuero, se erigen en garantes de toda la seguridad del Estado y se convierten en un suprapoder al servicio del presidente.
Es lamentable la actitud con la que se presume el tratamiento de la iniciativa por parte de los legisladores del PRI y del PAN, contar con “el aval del secretario de la Defensa” a quien visitaron en sus oficinas (La Jornada, 23 de noviembre) supuestamente para explicarle la iniciativa.
No es sólo sometimiento sino el vasallaje civil ante el poder militar del que no hay precedente en la historia legislativa del país. Un análisis comparado de la iniciativa con las propuestas castrenses y del PRI formuladas en 2011, en el contexto de la reforma fallida a la Ley de Seguridad Nacional, muestra las huellas de su origen y la manipulación o engaño conceptual: con cambios tramposos en la terminología (Seguridad Nacional, Seguridad Interior, Orden Interno, acciones de seguridad interior, etc.), y cuidando una exclusión de fondo para evadir las acusaciones de inconstitucionalidad por asumir atribuciones de seguridad pública (art. 17).
El pivote de intervención es la “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” (la reforma calderonista a la Ley de Seguridad Nacional preveía un instrumento similar) cuyo acuerdo presidencial, por cierto, tampoco es requisito necesario para emplazar fuerzas de seguridad. Todo sin declarar estado de excepción ni suspensión de garantías, menos contar con la intervención del Congreso de la Unión, como sería el caso de aplicar el artículo 29 constitucional.
El truco de la “gradualidad”
La iniciativa se anticipa a la descalificación de militarismo. Establece que la participación castrense, bajo los supuestos de “amenazas a la seguridad interior” (de la que hay una lista no acotada que permite agregar supuestos en forma discrecional a juicio del presidente o los militares mismos), será cuando en un conflicto o situación crítica, las fuerzas federales (“seguridad pública federal”, sic) sean incapaces o insuficientes en sus capacidades para controlar o restablecer el “orden interno”. Esto es lo que ha pasado en el país desde hace más de dos décadas y fue intensificado en los dos últimos sexenios. Siempre se ha considerado insuficiente el empleo de la fuerza civil, federal y/o estatal, y se ha recurrido ad nauseam a los militares. El enunciado de la iniciativa es solo retórico.
Aunque en principio la iniciativa establece la coordinación en el Consejo de Seguridad Nacional con el dominio político del binomio Presidencia de la República-Secretaría de Gobernación (Segob), se formula, de manera fraudulenta en la ley (artículos 19 a 26), un subprocedimiento que le da todo el poder decisorio en cuanto a estrategia, planeación y operación a la Sedena o a la Marina, según lo defina el presidente, con la figura de “institución o autoridad coordinadora de acciones de seguridad interior”. Los militares sólo informarán al presidente, vía Segob, del desarrollo de la intervención.
Gobernación sólo tendrá mando sobre las “fuerzas federales” entendidas como las de seguridad pública. Se elimina así la supremacía civil en el mando sobre los militares.
Entre las novedades de la iniciativa –se nota parte del aprendizaje militar de la reforma calderonista que no pasó– está la pretensión de la peculiar noción de “inteligencia para la seguridad interior”.
Aparte de la pretensión doctrinal deficiente, la ley es clara sobre el cómo van a hacer inteligencia, con cualquier recurso a su alcance y obligando a todas las autoridades de cualquier nivel de gobierno y aun los de tipo autónomo (se omite el carácter “constitucional”), para hacerse de cualquier
información y así anticiparse o prevenir los problemas a la seguridad (interior).
En pocas palabras, con el pretexto de cuidar la seguridad interior, los militares pueden acceder y apropiarse de la información y datos personales bajo resguardo de instituciones de gobierno federal o local, así como la que tengan el INE o el Inegi (de ahí la enumeración exacta a los órganos autónomos, no se apunta, claro, a la CNDH o Banxico).
* Coordinador del Programa Seguridad Nacional y Democracia en México, de la Universidad Iberoamericana.
