CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una serie de reacciones de rechazo se presentó este lunes ante la sugerencia del PRI de convocar en menos de 10 días a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para aprobar un marco jurídico que regule la actuación de las fuerzas armadas en las labores de policía.
El primer coordinador en rechazar esta propuesta fue Miguel Barbosa, de la bancada del PRD, quien consideró un “albazo legislativo” discutir un tema tan complejo en 10 días, sin convocatoria a los distintos sectores de la sociedad involucrados.
“Legislar sólo en materia de seguridad interior sin las leyes para el mejoramiento de las policías en el combate al narcotráfico podría representar la militarización del país”, advirtió el perredista en rueda de prensa esta mañana.
Al leer un posicionamiento de ocho puntos, el coordinador del PRD sentenció que el reclamo del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, “fue al Ejecutivo, no al Legislativo”.
Barbosa Huerta explicó así la sincronía: el jueves reclamó Cienfuegos, el viernes el presidente Peña Nieto toma el reclamo y el fin de semana la bancada del PRI “obedece” la orden del Ejecutivo federal.
El domingo al mediodía, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa, insistió en la necesidad de convocar a un periodo extraordinario para aprobar el marco jurídico que reclaman las fuerzas armadas. Es necesario tener, “a la brevedad”, un marco normativo “que brinde certidumbre jurídica, fortaleza y capacidad de acción a las fuerzas armadas para desarrollar las tareas que hoy se les han encargado”, afirmó Gamboa.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, demandó que primero les presenten la propuesta. Después, dijo, hay que realizar las mesas de trabajo “y al final el acuerdo de los grupos parlamentarios”.
En su rueda de prensa, Miguel Barbosa señaló que no se puede convocar a un periodo extraordinario hasta que esté en funciones e instalada la Comisión Permanente, es decir, después del 15 de diciembre. Además, explicó, para convocar a un periodo de esta naturaleza “se necesitan dictámenes en la cámara de origen”. Y aclaró que en el caso de la Ley de Seguridad Interior “sólo hay una iniciativa”.
“El tema de seguridad interior y del papel del ejército y de la Marina Armada de México es un asunto de enorme complejidad que generará interés de organismos defensores de derechos humanos”, abundó Barbosa.
“No a la militarización”
Por su parte, la organización Fundación Justicia convocó a la Cámara de Diputados a no aprobar de manera apresurada la ley del Artículo 29 de la Ley de Seguridad Interior porque significaría una virtual “militarización”.
En tanto, México Unido contra la Delincuencia emitió un comunicado en el que reclama también “no militarizar al país ni legislar sin discusión sobre la suspensión de garantías”.
Advirtió: “El endurecimiento de las medidas no ha logrado ni logrará la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”.
De acuerdo con la organización, las iniciativas legislativas que pretenden normalizar la presencia e intervención militar “preocupan” porque “se pretende normalizar lo que en democracia sería una excepción: el involucramiento del ejército en tareas de seguridad pública”.
