CIUDAD DE MÉXICO.- Una investigación periodística reveló que empresas relacionadas con el denominado “clan Taddei” obtuvieron contratos por más de mil millones de pesos en al menos 13 estados del país desde 2014, mediante procedimientos de contratación pública en los que presuntamente participaron compañías vinculadas entre sí para simular competencia.
De acuerdo con información publicada por EL UNIVERSAL, la red empresarial habría participado en adquisiciones de materiales y servicios electorales, mientras que cinco funcionarios con vínculos personales, profesionales o institucionales con Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ocuparon cargos en organismos electorales donde se realizaron algunas de las adjudicaciones.
El reportaje identifica operaciones en Sonora, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo, además de otros ocho estados donde se detectaron procedimientos con características similares. Entre los montos señalados destacan contratos por 113.7 millones de pesos en Veracruz, 57.3 millones en el Estado de México y 34.7 millones en Quintana Roo.
Según la investigación, algunas de las empresas habrían participado en los mismos concursos públicos pese a mantener posibles relaciones entre sus integrantes, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la competencia en la asignación de recursos destinados a la organización de elecciones.
Parte de las contrataciones también ha sido relacionada con revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en medio de los señalamientos sobre posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos durante distintas administraciones electorales.
Las revelaciones se suman a la controversia que rodeó la gestión de Guadalupe Taddei y su salida de la presidencia del INE, mientras persisten las exigencias de revisar los contratos celebrados tanto durante su administración como en periodos anteriores.
Hasta el momento, los vínculos y las contrataciones señalados en el reportaje no constituyen por sí mismos pruebas de corrupción. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y establecer las responsabilidades que procedan.
