Buenos Aires (apro).- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner calificó su comparecencia en los Tribunales Federales de Buenos Aires, el 31 de octubre pasado, como parte de “una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático”. Allí la había citado el juez Julián Ercolini, quien le imputa la supuesta comisión de irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su gobierno (2007-2015).
Tras prestar declaración indagatoria, la expresidenta dijo a la multitud congregada frente a la sede judicial que el gobierno de Mauricio Macri pretende así “tapar el desastre económico y social que ha provocado con sus medidas”.
Los grandes medios de comunicación reclaman el procesamiento de la exmandataria. La propia Cristina Fernández cifró el objetivo del acoso en dejarla “al borde de la detención preventiva”.
“Jurídicamente no están dadas las condiciones para que Cristina Fernández vaya presa”, había dicho, en su turno, el ministro de Justicia, Germán Garavano.
La reiterada mención de esta posibilidad es un punto valioso para el gobierno de Mauricio Macri. La economía, por lo pronto, sigue en recesión, con caída del consumo y del empleo y el incremento del costo de la vida y del endeudamiento.
El gobierno le dedicó a la comparecencia judicial de la expresidenta un operativo de seguridad que bien podría merecer un peligroso jefe narco.
“Pata judicial”
Mientras Fernández declaraba en Buenos Aires, otro juez, Claudio Bonadío, hizo tasar algunas propiedades de los Kirchner en la Patagonia.
“Hasta ahora, la Justicia no ha encontrado ni una sola prueba que vincule directamente a la expresidenta con la cleptocracia que se armó durante la década ganada”, dijo el diario Perfil, insospechado de simpatía alguna por la exmandataria, refiriéndose a la etapa kirchnerista. “Lo que la Justicia tiene que encontrar como prueba válida es que Cristina avaló con su firma o con su participación explícita esa mecánica, como para procesarla, juzgarla y hallarla culpable. Por fuera de ello, lo demás serán operaciones político-judiciales, hojarasca o humo”.
Macri fue el primer político en alcanzar la presidencia de Argentina teniendo en su contra procesamiento judicial firme, en el marco de una causa por escuchas ilegales. En los años en los que se perfilaba como candidato opositor al kirchnerismo, Macri acumuló decenas de denuncias en los tribunales. Con el cambio de aire político, ahora son los exfuncionarios y empresarios kirchneristas quienes desfilan por los juzgados federales. Algunos de ellos, como el exsecretario de Obras Públicas, José López, o el empresario de la construcción Lázaro Báez, se encuentran ya tras las rejas.
Hoy la Justicia es el ámbito central en el que se dirimen los conflictos de poder. Los tribunales con sus fallos, indagatorias y procesamientos ocupan el epicentro del espacio político. Desde la oposición se habla de persecución política y del uso de una Justicia adicta como pantalla para tapar las consecuencias del ajuste económico que se lleva adelante. De este modo, algunas causas se mueven según los tiempos y las necesidades del gobierno, mientras que otras, como la investigación de las cuentas off shore del presidente Macri, son desatendidas por los grandes medios de comunicación. El fenómeno no es nuevo. A esta Justicia sensible a las necesidades del poder en turno se la denomina “pata judicial” desde hace décadas.
–¿El fenómeno de la judicialización de la política es más extremo o más visible desde que gobierna Mauricio Macri que durante el kirchnerismo? –se le pregunta a Lucas Arrimada, profesor de Estudios Críticos del Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
–En este caso hay una judicialización como show político: el show de la indignación, el de la corrupción, que algunos medios y otros actores centran selectivamente sobre determinados exfuncionarios, con una estrategia judicial y jurídica a veces muy endeble, pero muy efectiva en términos comunicacionales, dice Arrimada a Apro.
“La judicialización tiene como objeto construir una cortina de humo, polarizando una grieta que identifica a buenos y malos, honestos y deshonestos, ellos y nosotros. Eso no quita que los problemas de corrupción sean estructurales, las instituciones y prácticas son las problemáticas, no son este o aquel funcionario o partido, sino un sistema y una cultura de actores multicolores”, sostiene.
La Justicia también se ha vuelto decisiva a la hora de definir políticas públicas. Frente a la inacción de los poderes políticos, Ejecutivo y Legislativo, o a la falta de consensos mínimos entre las diferentes fuerzas, el poder judicial termina dirimiendo muchas de las decisiones fundamentales del sistema democrático.
Estrellas
La judicialización de la política argentina es extrema. Algunos jueces y fiscales son tan conocidos como los políticos o las estrellas del espectáculo. Los grandes medios replican sus decisiones. Suelen ocupar el centro de la arena política.
“Uno desearía que la capacidad punitiva del Estado se dedicara a perseguir amenazas sociales relevantes y no los entuertos políticos de quienes compiten por cargos públicos”, decía en 2012 Marcelo Leiras, director de las carreras de Ciencia política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés.
–¿Es posible hablar de una judicialización “desde abajo”, vinculada a la expansión de derechos de la ciudadanía, y otra “desde arriba”, en la que el poder político o económico se valen de jueces permeables para determinar la agenda o poner límites arbitrarios a las políticas públicas de la democracia?, se le pregunta a Arrimada.
–El poder judicial es un obstáculo del cambio social, nunca es un motor –dice el jurista–. Hay ciertos movimientos sociales que históricamente han elevado causas al poder judicial. ¿Y qué hace el poder judicial? Capta la tensión mediática formada desde abajo, y castra al movimiento social, porque los movimientos quedan expectantes de la respuesta judicial, que depende de correlaciones de fuerzas ajenas a los actores sociales, sostiene.
“Las cortes, además, también pueden actuar de forma populista y retórica. Dictar hermosas sentencias y no implementarlas, lo que produce la desmovilización y debilitamiento de los actores –explica Arrimada–. Cuando los movimientos sociales judicializan algo pierden la capacidad de decisión y de conquista política. La judicialización desde abajo fortalece a las altas magistraturas, especialmente cuando hay jueces con ambiciones de salir a la ‘arena política’, y debilitan al actor social que posibilita los procesos sociales de cambio político. Los cambios políticos no se hacen con expedientes”, sostiene.
El gobierno dice combatir la corrupción con todo el peso de la ley. Los organismos estatales que deben prevenir este tipo de delitos, al mismo tiempo, muestran serias deficiencias. Agustín Carrara, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, pone el acento en la Unidad de Investigación Financiera, el organismo estatal de lucha contra el lavado de dinero. A su cargo, el gobierno de Mauricio Macri designó a los abogados Mariano Federici y María Eugenia Talerico, que vienen de litigar contra el organismo que ahora dirigen, en representación de clientes acusados de lavado.
“Uno siempre va a ver en todo gobierno medidas negativas y positivas –dice Carrara a Apro–. Este gobierno impulsó la ley de acceso a la información, que era una deuda pendiente desde hacía muchísimo tiempo, pero también tiene designaciones con conflicto de intereses en todos estos organismos de control. Si bien es cierto que el gobierno lleva menos de un año, salvo algunos hechos puntuales, como la ley de acceso a la información, hasta ahora no se ha visto un cambio en los problemas más estructurales que tenemos para prevenir y para perseguir la corrupción”, sostiene.
El exsecretario kirchnerista de Obras Públicas, José López, que intentó ocultar 9 millones de dólares en un convento, escribió una página de oro en la historia de la corrupción argentina. La adjudicación irregular y los sobreprecios en la obra pública son, sin embargo, una constante en Argentina más allá del color político de quien gobierne.
El propio Macri arrastra denuncias similares de su paso por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las empresas de su mejor amigo, Nicolás Caputo, y de su primo, Angelo Calcaterra, son y han sido allí adjudicatarias de importantes contratos de obra pública. En junio último, el grupo ODS, de Calcaterra, fue beneficiado por una reasignación de partidas presupuestarias. El gobierno de Macri decidió entonces por decreto reactivar una obra pública gigantesca –el soterramiento del ferrocarril Sarmiento– por un monto cercano a los 3 mil millones de dólares.
Impunidad
La judicialización de la política argentina tiene su monumento en la causa AMIA. El atentado terrorista contra la sede de la mutual judía en Buenos Aires ocurrió el 18 de julio de 1994 y dejó un saldo de 85 muertos. Hasta el momento la justicia no ha podido individualizar a los responsables del ataque ni tampoco establecer el modo en que fue ejecutado. La imputación de seis diplomáticos iraníes como supuestos autores intelectuales es resistida por juristas e investigadores que apuntan hacia el entorno sirio del expresidente Carlos Menem (1989-1999) y a una conexión local vinculada a elementos de la última dictadura.
La trama de encubrimiento del atentado, poblada de testigos falsos y destrucción de evidencias, hizo que en 2004 la justicia declarara la nulidad de todo el proceso. El juicio que hoy se lleva adelante para intentar echar luz sobre el encubrimiento, y que tiene a Menem y a varios altos funcionarios de su gobierno en el banquillo, apenas es seguido por la prensa.
El 7 de septiembre pasado apareció en los periódicos Clarín y La Nación un desplegado pidiendo la destitución del juez Daniel Rafecas. Los firmantes –en gran medida juristas, periodistas y empresarios que adhieren al actual gobierno– le achacan una “inconducta manifiesta”, por haber desestimado en 2015 la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández.
En el mismo desplegado se planteaba el presunto encubrimiento de la expresidenta a favor de los diplomáticos iraníes. La eventual reapertura de ese expediente daría pie a una nueva denuncia contra la exmandataria, esta vez por “traición a la patria”. La Cámara Federal de Casación Penal debe decidir si reabre o no una causa que fue desestimada no sólo por Daniel Rafecas, sino por todos los jueces que la tuvieron en sus manos.
–¿Se ha usado la causa AMIA en estos 22 años para fines que no sean los de buscar responsables e impartir justicia?, se le pregunta a Adriana Reisfeld, presidenta de la organización Memoria Activa, que reúne a familiares y amigos de las 85 víctimas mortales del atentado.
–Por supuesto –dice Reisfeld a Apro–. La causa AMIA fue usada con fines políticos durante estos 22 años, desde el principio y hasta hoy, que todavía se la sigue usando. Los pocos que buscamos justicia somos algunos familiares. Nosotros estamos involucrados en la política porque era inevitable, pero realmente nuestro rol era buscar justicia, explica Reisfeld, quien perdió a su hermana Noemí en el atentado.
“Los jueces fueron usados, pero aparte los jueces hicieron que la causa AMIA no avance”, sostiene.
Y en cuanto a los servicios de inteligencia, que los gobiernos utilizan en casos sensibles como el de la AMIA, Reisfeld es sintética: “Los servicios investigan. Pero también entorpecen”.
