CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desterrada de la comunidad de Mecatlán, localizada en el municipio hidalguense de Yahualica, la familia Lara Navarrete ha esperado siete años para recuperar su casa, tierras y animales.
Agustín, uno de los hijos del matrimonio conformado por Celedonio Lara y Olivia Navarrete, tuvo la mala fortuna de involucrarse en 2009 un pleito con el delegado municipal Celerino Sánchez Martínez y el comisariado ejidal Sixto Navarrete Sanjuan, a quienes denunció penalmente por la golpiza que le propinaron.
Valiéndose de sus cargos, el 9 de octubre de ese año, ambos funcionarios convocaron e incitaron a los pobladores de Mecatlán a unirse para obligar a la familia Lara Navarrete a huir de la comunidad.
Años antes, después de recibir una indemnización por la muerte de su hijo Genaro, quien se desempeñaba como policía municipal, Celedonio –de 88 años de edad y uno de los 87 fundadores del ejido– hizo prosperar a su descendencia administrando ese dinero.
Posteriormente, tras la golpiza a su hijo Agustín, el patriarca fue amenazado para que no se involucrara en el problema y luego obligado a salir de su propiedad.
La familia acudió a diversas agencias del Ministerio Público, juzgados penales y tribunales agrarios, donde recibieron sentencias favorables después de demostrar que fueron injustamente despojados de sus bienes y obligados a rentar una casa en el vecino municipio de Huejutla.
La justicia determinó restituirle a Celedonio Lara todos sus derechos y bienes como integrante del ejido de Mecatlán, además de que se libraron órdenes de aprehensión contra algunos de los responsables de los atropellos contra la familia.
Sin embargo, hasta ahora ninguna de las resoluciones se ha podido ejecutar, gracias a la intervención del actual presidente municipal de Yahualica, Eustorgio Hernández Morales (del Partido Encuentro Social), quien ha protegido a los incitadores del despojo, entre ellos su padre y su hermano, Leobardo y Tomás Hernández, respectivamente.
“Aquí lo que diga el tribunal no vale, la justicia la hacemos nosotros”, ha dicho el munícipe –apelando a los usos y costumbres– a agentes ministeriales e incluso a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del distrito 43 (Expediente 128/2010/43), María de los Ángeles León Maldonado, quien en tres ocasiones ha pretendido ejecutar la sentencia para restituirle todos los derechos y la posesión de sus bienes a la familia Lara Navarrete.
Esas autoridades han sido perseguidas, amenazadas y obligadas a salir de la comunidad, e intimidadas para que no regresen más a Mecatlán.
El pasado lunes 7, el propio Eustorgio Hernández permitió que varios de los indiciados que cuentan con órdenes de aprehensión se atrincheraran en el Palacio Municipal, e impidió el acceso a los agentes ministeriales que acudieron a cumplimentarlas, con el pretexto de que se podría desencadenar “un conflicto social”.
En represalia por ese intento de llevar a los acusados ante la justicia, la casa de los Lara Navarrete fue demolida. Un grupo de personas arribó al inmueble y tumbó paredes, ventanas y puertas. Sólo quedó en pie un cascarón de varillas y cemento.
Abusos y costumbres
“Fui acusado de que me dedicaba a robar, pero en realidad a la gente no le gustó ver que comenzamos a prosperar, sólo porque le dimos buen uso al dinero que dieron tras la muerte de mi hermano, quien era policía”, dice a Apro, vía telefónica, Agustín Lara Navarrete desde Huejutla de Reyes.
En ese municipio, localizado al norte del Hidalgo, en la zona de la Huasteca que se comparte con Veracruz y San Luis Potosí, se encuentra ahora el hogar de los Lara Navarrete. Durante siete años la familia ha tenido que rentar una casa, y sus integrantes se han visto en la necesidad de buscar otros oficios para mantenerse, pues tras el abrupto desalojo tuvieron que recurrir a los ahorros, y ya se han agotado.
En Yahualica quedaron su casa, vacas y un toro de registro, además de casi 18 hectáreas cultivadas con cedro, café, vainilla, naranjas y palma, así como los potreros y un dinero en efectivo que había dentro de la propiedad y que “desapareció” durante el saqueo que, según las denuncias legales presentadas, fue encabezado e incitado por el delegado municipal y el comisariado ejidal.
“Celerino Sánchez Martínez, el principal líder que incitó a la gente, una persona que ha hecho mucho daño no nada más a esta familia, ha sido funcionario municipal y se vale de eso”, asegura Agustín.
La animadversión y las rencillas estallaron el 7 de octubre de 2009, cuando Agustín fue golpeado por el entonces delegado y otras personas.
“Estaba cortando madera con unos amigos, cuando una persona que pasó pateó una botella de cerveza que cayó a nuestros pies y se rompió; el hombre dijo que yo se la había aventado, y fue con el delegado. Esa noche, cuando terminé de trabajar, me estaba cenando unos tacos y llegaron por mí, me llevaron a barandilla, me golpearon, me amenazaron. Fui torturado”, narra.
Luego de que lo dejaron libre, Agustín acudió al Ministerio Público en Huejutla y denunció al delegado. Casi inmediatamente después se desató el infierno para la familia Lara. Junto con el comisariado, el delegado organizó a gente de la comunidad, amenazó a toda la familia y finalmente consumó el despojo, en un zafarrancho en el que uno de los menores quedó con un brazo fracturado, mientras que otra joven embarazada recibió golpes, y los bienes y dinero que se encontraban en la casa fueron hurtados.
Según los Lara Navarrete, en estos actos participaron “otros cabecillas de la comunidad que querían adueñarse de los terrenos de cultivo de la familia”.
En los expedientes penales figuran, además de los dos mencionados, Apolinar Alvarado, José Alejandro Gallardo Gutiérrez, Fortino Alvarado Sánchez, Emiliano Herrera Navarrete, Eliseo Coronel Gutiérrez, Marcelo Lara Canales, Arnulfo Lara Pérez, Anastasio Sanjuan, Martha García Pineda, Natalia Navarrete Pacheco y Eulogio Castillo.
En su declaración para responder por la demanda en su contra, Celerino Sánchez reconoció que actuó contra la familia, sacó sus cosas a la calle y después pidió a los policías que vigilaran la casa, pero arguyó que la expulsión “fue una acuerdo tomado en asamblea según usos y costumbres”.
La denuncia penal quedó asentada bajo el número 795/1/2009 y posteriormente turnada al juez penal de Primera instancia con sede en Jaltocán, en la causa penal 61/2016.
Dos órdenes de aprehensión fueron emitidas por el juez mediante oficio número 2695/2016 a la Policía Investigadora estatal.
En materia agraria se emitió una sentencia favorable a la familia para la restitución de sus derechos y bienes ejidales, pero luego de tres intentos no se ha podido cumplir.
“La sentencia del Tribunal Unitario Agrario está condenando a los demandados a que le entreguen al señor Celedonio sus parcelas, su casa, que todos sus derechos agrarios sean restituidos. Hemos tratado de hacerlo, pero nos ha detenido. En una ocasión nos rodearon más de 300 gentes con el delegado y el comisariado al frente, nos retuvieron por más de 18 horas y nos dicen que allí no van a ejecutar nada, que allí no manda el Tribunal sino ellos. Hemos tenido que firmar documentos comprometiéndonos a no ir nunca más a ese pueblo, porque dicen que si volvemos no se hacen responsables de lo que pase”, sostiene el abogado de la familia.
Añade: “La magistrada dice que la sentencia se tiene que ejecutar a como dé lugar; además, por parte del juzgado penal procedió la denuncia por despojo, se libraron dos órdenes de aprehensión (contra Celerino Sánchez y Sixto), de las demás personas que se han nombrado, no se libraron porque a criterio del juez no se ha acreditado su participación, pero ya se apeló y va a resolver un magistrado de la sala penal en Pachuca”.
Tanto el abogado como la familia aseguran que de esta historia han informado a la oficina del gobernador Omar Fayad, puesto que se necesita el respaldo de corporaciones para restituir a los Lara sus bienes y propiedades y para cumplimentar las órdenes de aprehensión que impidió ejecutar el alcalde de Yahualica, Eustorgio Hernández, a quien señalan como encubridor de los responsables y contra quien se interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos del estado.
“La gente de la comunidad es amenazada si no apoyan estos actos atroces que se cometen; fuimos informados de que se les pagó por destruir la casa de los Lara y de que se les obligó a participar en la expulsión de la familia”, resalta el representante legal de los afectados.
Además de las dificultades económicas que ha pasado en estos siete años, la familia Lara Navarrete se ha fracturado y la salud de don Celedonio ha mengua por el conflicto. Su abogado y sus hijos Emilio y Agustín sólo esperan regresar a su pueblo libres de amenazas y temores.
“Que quien deba pagar por esto que pague, que se haga cumplir la ley como siempre debe de ser”, concluyen.
