TIJUANA, Baja California.- Carecen de fundamento las declaraciones del presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, respecto a supuestas ordenes de aprehensión giradas contra personal de la Cespt y de la empresa auditora Fisamex por actos ilegales en las cobranzas, informó el gobernador del Estado, Jaime Bonilla.
El mandatario aseguró que no hay ningún mandato de jueces federales para detener a funcionarios de la paraestatal, mucho menos personal de Fisamex.
Roberto Rosas Jiménez aseguró que la paraestatal y la compañía auditora abusan de su poder para cobrar los adeudos que tienen los empresarios con el organismo cortándoles el suministro, lo que calificó como un acto de extorsión y por ello fueron giradas las órdenes de detención, sin embargo, no hay en la Fiscalía General del Estado ningún documento que avale los comentarios de Rosas Jiménez.
“El abuso lo han cometido los empresarios, vergüenza deberían de tener los que nunca pagaron su agua, no digo que todos, los que no pagaron el agua. Hay algunos que sí cumplieron, pero fueron menos. Yo creo que la Coparmex no tiene cara de defender a los grandes usuarios, a los grandes deudores, deberían de ponerse de acuerdo con la sociedad porque eso lo ve muy mal. Flaco favor le hace esta organización al estar criticando el hecho de que la gente pague sus adeudos y sus impuestos”, explicó Bonilla Valdez.
Y para sustentar la información que brindó el gobernador respecto a las declaraciones del dirigente, el fiscal Central de la FGE, Hiram Sánchez, confirmó que no hay ninguna orden de aprehensión contra personal de la Cespt o Fisamex.
“Nosotros no hemos acudido ante los jueces de control para obtener una orden de captura en contra de una de estas personas que actualmente trabajen en la Comisión o para la empresa Fisamex. La FGE no ha solicitado ninguna orden de aprehensión en contra de ellos”, aseguró Sánchez.
El gobernador del estado invitó a la organización a realizar un recorrido por las colonias que por años no tuvieron agua y que ahora ya cuentan con el servicio gracias a la cobranza que realiza la Cespt a los ya conocidos deudores de agua.
“Pero ya sabemos de que se trata, es un sindicato de empresas entonces defienden los intereses, pero nunca defienden los intereses del pueblo, por eso hay tanto desconocimiento y que vayan a las colonias para que vean cómo los repudian por su actitud”, informó Bonilla Valdez.
Con información de: Carolina Vázquez
