CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, urgió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a separarse de su cargo por razones de “integridad pública”, luego de que la propia mandataria reconociera la existencia de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Señalamientos por integridad y confianza pública
Pérez Morales exhortó a la gobernadora a renunciar o solicitar licencia para garantizar “condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana”, apelando a la congruencia democrática y la responsabilidad institucional ante un caso que, dijo, genera preocupación social. La presidenta del SNA consideró que la cercanía política y administrativa de Torres Torres con el gobierno estatal obliga a tomar una decisión clara para evitar conflictos de interés.
Antecedentes y polémica
La titular del SNA recordó que esta no es la primera vez que fija postura frente a figuras de la llamada Cuarta Transformación, al mencionar que en octubre pasado solicitó investigar el patrimonio del senador morenista Adán Augusto López Hernández. En el caso de Baja California, Pérez Morales se sumó a la polémica detonada por la propia Ávila Olmeda, quien confirmó que su exesposo —ex encargado de proyectos estratégicos del gobierno estatal— es investigado por presuntamente integrar una red de extorsión, tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.
Investigación y repercusiones
El caso cobró mayor relevancia luego de que trascendiera el retiro de visas estadounidenses tanto a la gobernadora como a Carlos Torres Torres, hecho inicialmente atribuido a un trámite administrativo. Posteriormente, se conoció la existencia de indagatorias en México y Estados Unidos. En medio de la presión pública, Ávila Olmeda anunció en octubre pasado que se encontraba en proceso de divorcio, aunque expresó respeto y reconocimiento hacia su exesposo, declaraciones que no han logrado disipar los cuestionamientos sobre el impacto político e institucional del caso.
