En el juicio contra el ex capo del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Nueva York, surgió un nuevo testimonio de irregularidades cometidas por ex funcionarios de alto rango en el gobierno mexicano quien recibía sobornos de los narcotraficantes.
Ignacio Morales Lechuga es el último ex político implicado después de que el narcotraficante colombiano y testigo en el juicio, Jorge Milton Cifuentes Villa, declararon que había estado en su nómina.
Morales es ahora un notario público en la Ciudad de México, pero fue el fiscal general federal entre 1991 y 1993 en los últimos años de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari.
En su declaración, Cifuentes declaró que había sobornado a abogados generales en México junto con 70 policías federales que protegían sus operaciones de narcotráfico en el país.
Cifuentes, que solía ser el principal proveedor de cocaína para el Cartel de Sinaloa, agregó que los funcionarios en su nómina no sabían que estaban empleados por él porque trataban con un líder.
Morales declaró que las acusaciones eran “completamente falsas y difamatorias”.
Ha pedido a la oficina del fiscal general federal que solicite una copia certificada de la declaración del testigo del gobierno de los Estados Unidos.
Cifuentes dijo a la corte que su jefe, Juan de Dios Rodríguez Valladares, operaba el almacén donde se almacenaba la cocaína en la Ciudad de México. Pero las cosas se agriaron después de que el colombiano sospechaba que Rodríguez había robado su producto y este último intentó matar a Cifuentes.
El colombiano pagó a dos oficiales de policía US $ 500,000 para detener a Rodríguez y entregarlo al cartel. Posteriormente fue apuñalado hasta la muerte.
Al juicio de Guzmán se le dijo al principio que el Cartel de Sinaloa había sobornado a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Varios testigos anteriores han identificado a otros funcionarios como que habían aceptado pagos del cártel.
