CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Un grupo de especialistas pidió al Senado no avalar la Ley General de Archivos, debido a que la iniciativa contiene elementos de “regresión democrática” y censura, al otorgar la rectoría en esta materia a la Secretaría de Gobernación.
Los expertos denunciaron, en rueda de prensa, que “existe el impulso político para que se haga una purga y se impida la consulta de documentos históricos y se lleguen a clausurar definitivamente documentos históricos o se eliminen aquellos que resultan fundamentales para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción”.
También acusaron que de prosperar la normatividad en los términos propuestos, “la nación sufriría un atraco tanto o más grave que los cometidos recientemente por gobernadores”.
De aprobarse la iniciativa, alertaron, equivale a someter los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción a la tutela de la Segob.
En un pronunciamiento conjunto, Aurora Gómez Galvarriato, exdirectora del Archivo General de la Nación, así como Andrés Lira, Lourdes Morales, Enrique Florescano, Ramón Aguilera, Mauricio Merino, Ana Cristina Ruelas y Haydee Pérez, advirtieron que “no existe razón técnica para que sea la Segob la que conduzca el Consejo y el Sistema Nacional de Archivos”.
Además puntualizaron que las instancias de decisión deben ser integradas por especialistas, pues de lo contrario “la política archivística será formulada con impulsos autoritarios de control político”.
Lourdes Morales, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas, sentenció que “por supuesto preferimos que no se apruebe ninguna ley a que se apruebe así, ya que sería un retroceso enorme a lo que ya hemos conquistado”.
De prosperar la iniciativa impugnada, alertaron, el Senado aceptaría un proyecto diseñado mayoritariamente desde las oficinas de Gobernación, “legalizando una política archivística débil para la gestión documental y la memoria del país, violatoria a los derechos fundamentales, como el acceso a la información y la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos, y sumamente nociva para la consolidación efectiva de los sistemas nacionales de transparencia y combate a la corrupción”.
Incluso formularon un extrañamiento público hacia la directora del AGN, Mercedes de Vega, por no haberse solidarizado con las preocupaciones de los historiadores y grupos de la sociedad civil y, por el contrario, ha avalado las disposiciones contenidas en la polémica iniciativa.
También aclararon que uno de los puntos más impugnados es la inclusión del concepto de “archivos históricos confidenciales”, lo que en los hechos implica, fustigaron, la restricción de versiones públicas de los documentos clasificados de esa manera, con el argumento de protección a datos personales.
Peor aún, deploraron, el artículo cuarto de la iniciativa “pareciera inspirado en la obra de (George) Orwell, al obligar a que burócratas sin especialización en materia archivística revisen todos los documentos que se ubican en sus archivos históricos, y posteriormente los destruyan o transfieran de vuelta a archivos de concentración, lo que significa abrir la puerta al revisionismo histórico, cual rol del Ministerio de la Verdad en la novela ‘1984’”.
