CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Durante dos años Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, estuvo prófugo de la justicia. La Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó de trabajar para el grupo criminal Guerreros Unidos y de ser uno de los principales responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Durante ese tiempo el exjefe policiaco se ocultó en una casa de esa ciudad guerrerense, con acceso a los medios de comunicación, dinero e incluso visitas familiares, aunque supuestamente la PGR lo buscaba afanosamente y la ciudad ha estado plagada de elementos de la Gendarmería, policías federales, marinos y soldados desde finales de septiembre de 2014.
El viernes 21 Flores Velázquez fue detenido en la casa donde siempre estuvo oculto, en un operativo donde no hubo violencia y ni siquiera lo esposaron. Ahora viste el uniforme de preso y lleva el número 4080 en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde se encarcela a los reos más peligrosos.
En su primera declaración ministerial, rendida el 27 de septiembre de 2014, aseguró que al ser notificado de la llegada de los normalistas a las 21:22 a la estación de autobuses, de donde se llevaron unos camiones, él llamó directamente al jefe de la base de la Policía Federal en Iguala, Luis Antonio Dorantes, y éste le dijo que tomaría nota de los sucesos y estaría “alerta”.
Pero en las declaraciones ministeriales de Dorantes ante la PGR del 11 de septiembre de 2015 y del 7 de enero de 2016, no informó sobre esa comunicación directa con Flores Velázquez.
“No teníamos pruebas”
“No había denuncias, no había testigos presenciales de los hechos; es más, no había flagrancia ni pruebas periciales que en ese instante nos dijeran qué había pasado y quiero aclarar que ni en ese instante ni en las siguientes horas”, declaró a la PGR el entonces subprocurador de Atención a Víctimas, Martínez Chávez, el 29 de
octubre de 2014, para explicar por qué no arrestó a Flores Velázquez pese a que lo interrogó en dos ocasiones.
Martínez Chávez afirmó que su primer encuentro con el exjefe policiaco de Iguala fue después de la una de la mañana del 27 de septiembre en las oficinas del Ministerio Público del fuero común. El subprocurador lo llamó a esas oficinas y Flores Velázquez se presentó inmediatamente.
–¿Qué pasó? –le preguntó Martínez Chávez al mando de Iguala, según la declaración ministerial del exfuncionario de la Fiscalía General del Estado.
–Sé que vinieron unos ayotzinapos, hubo un conflicto en el zócalo después del informe de la primera dama, hubo disparos y sé que hubo persecuciones pero no me consta, ya que hasta el momento no tenía un reporte oficial, ni tampoco uso radio, es decir como walkie talkie, para enterarme de qué estaba pasando –fue la respuesta de Flores.
–Hay dos muertos en la carretera de estos niños (el equipo de futbol) los Avispones, y creo, de acuerdo a lo que tú me dices, que pudieron haber sido los policías municipales.
–¿Cuáles?
–Tú debes de saber, no yo.
–¿Qué propone? –le planteó Flores, en tono cooperador.
–Que tú voluntariamente los presentes a todos, incluyéndote a ti, para que se les hagan las pruebas de balística a sus armas, las pruebas de Harrison y todas aquellas que sean necesarias para deslindar responsabilidad.
El subprocurador afirmó que de ahí se fueron a la base de la Policía Municipal de Iguala, donde se desarmó a todos los policías municipales.
De acuerdo con la información recabada durante toda la noche del 26 de septiembre hasta las 20:00 horas del 27 de septiembre, Flores estuvo con los funcionarios
estatales en la entrega de armas de policías municipales, así como los primeros interrogatorios y detenciones.
El 28 de septiembre fue citado para ampliar su declaración ministerial en Acapulco. El entonces alcalde José Luis Abarca le ordenó que se presentara, pero Flores ya estaba preocupado por el rumbo que tomaba el caso y estaba seguro de que lo iban a detener en Acapulco. Aun así acudió. Lo soltaron hasta la madrugada del 29, y las siguientes fueron las últimas horas que estuvo en su casa.
Escepticismo de los familiares
Para Felipe de la Cruz, vocero del movimiento de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, la detención de Flores Velázquez es “tardía”, “sospechosa” e “inútil”: “Para nosotros es un detenido más”, afirma en entrevista.
“La detención de Felipe Flores significa algo preocupante –abunda–, porque no podemos creer que lo hayan detenido en el mismo lugar de los hechos. Él ha dicho que no supo nada, que no vio a los jóvenes en barandilla, y luego viene el cambio de la procuradora a pocos días de que reinicien los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Nos parece muy sospechoso que no lo hayan podido detener antes (a Flores) y de manera repentina lo capturan como si nada… queda claro lo que siempre hemos dicho: la complicidad y la protección a quienes participaron. ¡No lo habían buscado! Es claro para nosotros que no lo buscaron con ganas de encontrarlo.”
Arely Gómez fue removida de la PGR y enviada súbitamente a la Secretaría de la Función Pública. De acuerdo con información recabada por esta reportera, esa remoción se relaciona con la ríspida salida de Tomás Zerón de Lucio de la Agencia de Investigación Criminal, en septiembre pasado, luego de que la procuradora iniciara una investigación en su contra por las irregularidades cometidas por Zerón y su equipo en el caso Ayotzinapa.
El martes 25, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos, De la Cruz y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se reunieron en Washington con el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para acordar el reinicio de los trabajos de investigación del organismo internacional en el caso.
De la Cruz señaló que el próximo 10 de noviembre esas labores se retomarán con un nuevo grupo de investigadores encabezado directamente por James Cavallaro, presidente de la CIDH, que dará seguimiento a los 20 puntos de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que concluyó su trabajo en abril pasado.
Para los padres de las víctimas, según De la Cruz, son tres las líneas de investigación prioritarias. La primera, dice, es identificar a “El Caminante”, apodo con el que se nombra a una persona mencionada en los teléfonos de varios policías municipales de Iguala, quienes se mantuvieron en contacto durante los ataques a los estudiantes y su desaparición. También debe conocerse quién es “El Patrón”, señalado por un testigo directo que estaba en el Palacio de Justicia, cuando supuestamente llegó la Policía Municipal de Huitzuco a llevarse a algunos de los normalistas actualmente desaparecidos.
La segunda línea, dice el vocero de los familiares, es “que ahora sí puedan interrogar directamente a los militares porque también sabemos que forman parte de este hecho”, ya que el gobierno de México impidió que el GIEI los entrevistara, interrogara y señalara las contradicciones en las declaraciones ministeriales que rindieron los integrantes del 27 Batallón de Infantería.
Y como tercera línea de investigación plantea que se esclarezca la actuación durante los hechos y en las investigaciones del caso por parte de los entonces funcionarios estatales Ángel Aguirre Rivero (gobernador) e Iñaki Blanco (procurador), así como a los federales Jesús Murillo Karam (titular de la PGR), Enrique Galindo (de la Policía Federal) y Tomás Zerón (de la Agencia de Investigación Criminal).
El nuevo grupo de la CIDH también debe contar con el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se había acordado iniciar los trabajos en agosto pasado pero el gobierno mexicano aún no aportaba a la Organización de Estados Americanos para financiar la investigación, como lo marcan los esquemas de cooperación con la CIDH.
Por eso De la Cruz comenta: “El ánimo y la disposición de la CIDH de hacer las cosas es completa; lo que tememos es que el gobierno de México le ponga obstáculos, como hizo con el GIEI”.
