GUADALAJARA, Jalisco.- La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que ordenó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) investigar a la senadora de Morena, Julieta Andrea Ramírez Padilla, por presuntos actos de promoción personalizada y actos anticipados de campaña.
Con esta resolución, quedó firme la determinación del tribunal local, por lo que el IEEBC deberá continuar con la investigación y, en su momento, determinar si existen responsabilidades derivadas de las conductas denunciadas.
Desechan impugnación de la senadora
La decisión fue tomada durante la vigésima octava sesión pública de la Sala Regional Guadalajara, donde los magistrados resolvieron el expediente SG-JG-44/2026, promovido por la propia legisladora.
Julieta Ramírez impugnó la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que previamente había revocado un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del IEEBC, relacionado con una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La queja fue interpuesta por el representante priista José Blas Ramos, quien denunció a la senadora y a Morena —este último por presunta culpa in vigilando— al considerar que la difusión de propaganda mediante bardas, lonas y publicaciones en redes sociales podría constituir actos anticipados de campaña relacionados con una eventual aspiración a la gubernatura de Baja California en el proceso electoral de 2027.
Investigación continuará en el IEEBC
Al analizar el recurso, los magistrados concluyeron que los agravios presentados por la senadora eran infundados e inoperantes, por lo que confirmaron en todos sus términos la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.
La resolución no determina responsabilidad alguna de la legisladora, sino que mantiene la obligación del IEEBC de desarrollar la investigación y establecer, con base en las pruebas del expediente, si existieron conductas que constituyan promoción personalizada, actos anticipados de campaña u otras posibles infracciones a la legislación electoral.
El caso se desarrolla en un contexto de creciente actividad política rumbo a las elecciones de 2027 en Baja California, en las que diversos actores han sido señalados por presunta promoción anticipada.
