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WASHINGTON – ¿Fue un golpe de estado la destitución de Dilma Roussef como presidenta del Brasil este miércoles?
Técnicamente, la respuesta es no. Si bien no existe una sola definición de lo que constituye un golpe de estado, es esencialmente una toma ilegal del poder. La votación del Senado, con 61 votos a favor y 20 en contra, para remover a Rousseff fue la culminación de un proceso legal descrito en la Constitución de Brasil, y sencillamente no cumple con ese estándar.
Sin embargo, Rousseff y sus partidarios han argumentado durante meses que el esfuerzo por expulsarla fue efectivamente un golpe de estado creado por un pequeño grupo de élites.
Ellos no se molestan con estrictas definiciones legales. Más bien, “golpe” se ha convertido en una palabra clave para acusar a oponentes políticos de Rousseff de explotar la ley para subvertir la democracia.
Hay verdad en eso. Pero eso tiene sus orígenes en problemas que afligen a todo el sistema político de Brasil, no solo a su derecha o izquierda.
Cualquier partido opositor en cualquier lugar puede ganar con la caída del líder del partido gobernante. En Brasil, eso se acrecentó por el hecho de que integrantes de la oposición habían estado involucrados en un importante escándalo de corrupción.
Romero Jucá, influyente legislador de la oposición que había sido implicado en el escándalo, fue grabado en marzo diciendo sobre la investigación: “Tenemos que cambiar al gobierno para que sea capaz de detener esta hemorragia”.
Rousseff fue destituida con base en lo que analistas describieron casi de manera universal como cargos menores: ocultamiento de un déficit presupuestario al pedir prestado de un banco perteneciente al estado; ilegal, pero no un delito.
Amy Erica Smith, profesora asistente de ciencia política en la Universidad Estatal de Iowa que estudia a Brasil, dijo que estos cargos “no están a la altura del nivel de las acusaciones que ameritarían la destitución”, agregando: “No es un uso legítimo de los procedimientos de destitución”.
Es por esto que Rousseff y sus aliados argumentaron que los políticos que impulsaron la destitución no estaban intentando proteger la integridad de la democracia brasileña sino, más bien, manipularla para que sirviera a sus propios fines. Referirse a la destitución como un golpe de estado se convirtió en una forma de cuestionar los motivos de líderes de la oposición y de argumentar que destituir a Rousseff sería contrario a la democracia.
Normalmente, seguir la ley – lo cual efectivamente estaba haciendo la gente al frente de la destitución – por diseño sirve a la democracia. Pero, en Brasil, hay el grado suficiente de corrupción y el grado suficiente de estado de derecho para que élites políticas jueguen ambos en contra de cada cual.
La corrupción, explicó Smith, es tan endémica en la política brasileña que más probablemente implica a toda la clase gobernante. El país también tiene un poderoso poder judicial que está trabajando activamente por investigar y enjuiciar casos de corrupción, lo cual es una combinación inestable.
Esto les da a élites políticas tanto un medio como un incentivo para exponer a sus rivales, sabiendo que eso probablemente los arruine.
Después de todo, si todos son corruptos,todos son vulnerables. Pero, aunque eso sirve a políticos individualmente, debilita al sistema político de manera integral al introducir inestabilidad.
Y debido a que la economía de Brasil se está desempeñando tan pobremente, la población, de manera comprensible, está enojada con el gobierno e impaciente por ver castigos a la corrupción.
Así que, aunque partidarios de Rousseff pudieran ver este proceso de destitución como una cínica estratagema, sus oponentes ven un golpe simbólico en contra de un sistema corrupto; incluso si esa corrupción se extiende a través de líneas partidistas.
De igual forma, se está desarrollando una importante dimensión de clase.
Rousseff encabezó al Partido de los Trabajadores, tendiente a la izquierda, que se posiciona como un defensor de los pobres.
El opositor Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que pugnó por la expulsión de Rousseff y tomó el poder después que ella fuera suspendida del cargo en mayo, es visto como impulsor de intereses de empresas.
A ojos de los devotos del Partido de los Trabajadores, los procedimientos de destitución tuvieron un elemento de guerra de clases, con la élite tomando el poder para proteger sus intereses – que, para la otra parte, se ve y se siente como un golpe de estado incluso si no cumple con la definición formal. Esa percepción fue capturada en una fotografía, la cual se volvió viral en medios sociales, de una pareja de apariencia acaudalada en un vecindario adinerado, caminando hacia una protesta en contra de Rousseff en marzo, al tiempo que la sirvienta de la pareja empujaba a sus hijos en una carriola a su lado.
“Cuando la gente habla de ‘promotores de un golpe'”, dijo Smith, “a menudo están pensando implícitamente, usted sabe, en una mujer blanca y rica que está molesta porque su sirvienta ahora tiene derecho a protecciones laborales que limitan lo que esta rica mujer blanca puede pedirle a su sirvienta que haga”.
Sin embargo, está perspectiva, promovida por los partidarios más devotos de Rousseff, es algo similar a una caricatura. Antes de la votación del miércoles, una encuesta por parte de la firma Datafolha arrojó que 66 por ciento de los brasileños apoyaba que se efectuaran procedimientos de destitución en contra de Rousseff, y que su índice de aprobación era de apenas 11 por ciento.
Así que no es el caso, como algunos han argumentado, que la destitución de Rousseff fuera un golpe de estado en el sentido de que un puñado de élites haya subvertido la voluntad popular. En estos procedimientos, ellos tampoco han salido de la ley. Más bien, oponentes políticos de Rousseff han hecho algo más sutil: explotaron la voluntad popular y la letra de la ley para servir a sus propios intereses, en vez de los intereses de la democracia.
Por supuesto, en todos los países, los políticos actúan por interés propio. Además, los procedimientos por la destitución siempre son políticos; algo que cualquier estadounidense que haya vivido durante las audiencias de destitución del Presidente Bill Clinton puede contarle. Sin embargo, la naturaleza particular del sistema de Brasil en este momento vuelve su política particularmente inestable, y les da a políticos individuales mayor poder para influir sobre la democracia hacia fines que no son tan democráticos.
Amanda Taub
© The New York Times 2016
