La Corte Suprema (SCJN) dictaminó ayer que las trabajadoras domésticas deben tener acceso al plan de seguridad social IMSS de México como cualquier otro trabajador.
Los jueces de la segunda sala de la corte aprobaron por unanimidad la propuesta presentada por el juez Alberto Pérez Dayán, que trató de pronunciarse en contra de un artículo de la Ley Federal de Seguridad Social que establece que el pago de beneficios a los empleados domésticos es voluntario.
Los jueces determinaron que no existe una razón constitucionalmente válida para excluir a las trabajadoras domésticas del régimen de seguridad social obligatorio y que la ley que lo permite es discriminatoria.
También dijeron que las mujeres se vieron afectadas de manera desproporcionada por la ley porque las estadísticas muestran que constituyen la gran mayoría de las trabajadoras domésticas.
Además, los jueces dijeron que las trabajadoras domésticas tradicionalmente han estado sujetos a condiciones inadecuadas, largos días de trabajo y bajos salarios al no tener acceso a beneficios que las protegerían de eventos imprevistos que podrían afectar su capacidad para mantenerse a sí mismos.
El fallo del tribunal se produjo en respuesta a una queja presentada por una mujer de 80 años que estuvo empleada como trabajadora doméstica durante 50 años sin recibir beneficios de la seguridad social.
En un recurso de amparo o medida cautelar, el SCJN ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que implementara un programa piloto en la primera mitad del próximo año que garantice que los trabajadores domésticos tengan acceso a los beneficios a los que legalmente tendrán derecho.
Incluyen prestaciones por enfermedad, maternidad, atención médica, discapacidad y jubilación, así como seguros de vida.
El programa debe tener en cuenta las particularidades del trabajo doméstico, según el tribunal, por ejemplo, que algunos trabajadores tienen más de un empleador y que en muchos casos la relación no se detalla en un contrato formal.
También debe ser fácil de implementar para los empleadores, que en la mayoría de los casos son propietarios privados.
El objetivo final de la orden judicial de SCJN es que el IMSS esté en una posición, después de un período no mayor a 18 meses, para proponer al Congreso las reformas legislativas necesarias para garantizar que el derecho de los trabajadores domésticos a acceder a los beneficios de la seguridad social esté consagrado en la ley. .
En un período no mayor a tres años, la intención es que todos los trabajadores domésticos en México estén inscritos en un plan de seguridad social sólido y eficaz.
En respuesta a la orden judicial, el director del IMSS, Germán Martínez Cazares, dio instrucciones a los funcionarios para comenzar a trabajar de inmediato en el diseño del programa piloto.
En un breve video publicado en las redes sociales, Martínez también dijo que ordenó a los funcionarios del IMSS que mantuvieran conversaciones con organizaciones de la sociedad civil para informarles sobre su trabajo.
“El Instituto Mexicano de Seguridad Social está comprometido a abrir las puertas a todos los mexicanos sin distinción”, dijo.
La secretaria federal de Trabajo, Luisa Alcalde, describió la decisión de la Corte Suprema como una “cuenca”, y agregó que la secretaría que encabeza está comprometida a garantizar que los trabajadores domésticos reciban un trato justo.
“. . . “Confiamos en que podemos avanzar en la protección de sus derechos y, sin duda, incluirlos en el [plan] de seguridad social”, dijo.
