CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras crece la demanda de empleos dignos y decentes en la capital, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, -junto con el Grupo Redactor que elabora el proyecto de Constitución-, optó por ampliar las actividades no asalariadas y proponer el “trabajo sexual” como una alternativa más de ocupación.
Así, ofertar el cuerpo sería una vía económica para las capitalinas que viven en la precariedad laboral, con bajos sueldos, sin prestaciones ni seguridad social, o para aquellas que tienen la necesidad y disponibilidad de trabajar más tiempo del que ya lo hacen porque la remuneración que reciben simplemente es insuficiente.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) indica que la tasa de subocupación femenina (con deseo de trabajar más) ha crecido 82% de 2014 al primer trimestre de 2016. Mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi indica que para el primer trimestre de 2016, la tasa de informalidad para las mujeres era de 48.1%.
En medio de este escenario de carestía, Mancera Espinosa propuso incluir a la “prostitución” como un trabajo no remunerado -aunque estuvo ausente de los debates para exponer cómo se podría regular y proteger esta actividad-, dejó que la sociedad civil confrontara sus opiniones.
Ante la complejidad del tema y la presión de agrupaciones civiles que se opusieron o que apoyaron la idea, la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente, como organismo parlamentario encargado de analizar la propuesta, desechó la iniciativa de su dictamen.
¿Nuevo modelo de trabajo?
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece el derecho de que toda persona goce de condiciones laborales que le aseguren un salario equitativo con el valor de su trabajo, condiciones de existencia digna para sí y su familia, así como seguridad e higiene en el trabajo, oportunidades de promoción y vacaciones, entre otros.
Sin embargo, desde hace algunas décadas las fuentes de empleo se caracterizan por la rotación laboral, disminución de la cobertura de seguridad social, falta de control sobre el tiempo destinado al trabajo y crecimiento de empleos sin beneficios, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es un espejismo pensar que el “trabajo sexual” es una actividad más flexible, sin horarios fijos, con más autonomía y libertad de las trabajadoras, puntualizó la profesora de Economía de la UNAM, Jennifer Ann Cooper, quien explicó que en este mercado laboral también hay diferencias de género.
Para Cooper, integrante de la Asociación Internacional de Economía Feminista, en el mercado de la “prostitución” la oferta es en su mayoría femenina y la demanda masculina, debido a que históricamente el cuerpo de la mujer ha sido objeto de intercambio.
La especialista en economía y género aseguró que no es un secreto que en México la economía está funcionando con altos niveles de desempleo, contención salarial y precarización en la obtención de un ingreso, además de una crisis de los cuidados, la desintegración de familias y redes de apoyo.
“Las políticas económicas actuales están destruyendo la vida humana y una amplia proporción de la población está viviendo una vida que no vale la pena vivir”, sintetizó. En este escenario, dijo, reconocer la “prostitución” como un trabajo indudablemente ayuda al crecimiento económico y a disminuir el desempleo femenino.
En ese sentido y considerando que quienes ejercen esta actividad lo hacen de manera libre, la “venta del sexo” es un buen negocio, pero la economista feminista reiteró que esa elección libre es un espejismo porque mujeres y hombres internacionalizan las normas sociales, al aceptar la venta del cuerpo femenino.
A su vez, la doctora en Sociología, Olivia Tena Guerrero, explicó que el trabajo es una producción de bienes u ofrecimiento de servicios para satisfacer alguna necesidad, por tanto, se debería cuestionar a quién beneficia y qué necesidad satisface el usar el cuerpo de las mujeres. Tampoco hay cifras de cuántas o quienes ejercen esta actividad.
La especialista en sexualidad y género consideró que quizás reconocer el “trabajo sexual” beneficiaría a grupos que ejercen su poder económico en la industria del sexo y verían fructíferos sus negocios.
Derechos pendientes
El gobierno de la Ciudad de México lanzó la iniciativa, pero se alejó del debate y en su lugar, organizaciones civiles como la Asociación de Bares y Centros Nocturnos y la asociación Balance se encargaron de respaldar la propuesta.
Otras organizaciones defensoras de las “trabajadoras sexuales” como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” y la Red Mexicana de Trabajo Sexual, presentaron sus argumentos en foros paralelos que organizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para reformar la Ley de Cultura Cívica, y quitar la “prostitución” como una falta administrativa.
Entre los principales argumentos para exigir que se reconociera el “trabajo sexual” estaba el derecho a elegir dedicarse al trabajo que a cada quien le acomode, pero en particular evitar la discriminación, el estigma y la violencia contra estas mujeres.
Por ejemplo, Tena Guerrero, quien fue coordinadora del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, hasta ahora desconoce cuáles serán los mecanismos para favorecer la inclusión social de las “trabajadoras sexuales” o como evitarían la discriminación y la violencia hacia ellas.
Al considerar que los estándares internacionales explican que el derecho al trabajo “es esencial para la realización de otros derechos humanos, y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana, y que toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”, para la académica reconocer la actividad sexual no garantiza mejores condiciones de vida.
En tanto, las activistas que se oponen a reconocer la oferta de “servicios sexuales” como trabajo, con miles de mujeres que realizan tareas dentro de un marco normativo, no ha impedido que sus derechos sean violentados y como ejemplo está el modelo de outsourcing, un sistema de subcontratación que evade garantías mínimas a las empleadas.
Las agrupaciones en contra del falso ideal de la “prostitución” aseguran que la obligación central de los Estados es erradicar, disminuir o regularla la discriminación y la violencia contra las mujeres, a fin de evitar poner en mayor riesgo a la población femenina que ha sido vulnerada en el ejercicio de sus derechos.
