WASHINGTON, D.C.- Un tribunal federal de comercio dictaminó que Donald Trump no puede imponer aranceles generalizados basándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que el presidente excedió su autoridad legal. El fallo responde a múltiples demandas que cuestionan el uso de esta norma para justificar una política comercial unilateral y volátil, que afectó mercados globales y relaciones diplomáticas.
Aranceles anulados y límites al poder presidencial
La decisión del panel de tres jueces frena aranceles del 30% a China, del 25% a bienes de México y Canadá, y del 10% sobre productos de múltiples países, impuestos todos sin la aprobación del Congreso. Según los demandantes, el déficit comercial —invocado como justificación por Trump— no constituye una “amenaza inusual y extraordinaria”, como exige la IEEPA para declarar una emergencia nacional. La sentencia no afecta otros aranceles impuestos bajo leyes distintas, como los relacionados con acero, aluminio y automóviles, que permanecen vigentes.
El dictamen representa un freno significativo a una de las herramientas más controversiales empleadas por Trump durante su presidencia. Aunque argumentó que los déficits comerciales justificaban acciones de emergencia, el tribunal rechazó esa interpretación. Además, el fallo se produce mientras siguen activas al menos siete demandas sobre estos aranceles. Los mercados reaccionaron positivamente: los futuros del Dow Jones subieron 1.1%, los del S&P 500 un 1.4%, y el Nasdaq 1.6%.
Acciones unilaterales bajo escrutinio legal
El fallo llega tras una serie de medidas impuestas por Trump en abril, cuando anunció aranceles “recíprocos” y posteriormente los suspendió temporalmente. La Casa Blanca alegó que su intención era presionar para lograr acuerdos bilaterales. Sin embargo, expertos legales insisten en que la IEEPA no otorga autoridad para alterar el comercio global sin participación del Congreso. La sentencia reafirma el papel del Poder Judicial en limitar el uso de leyes de emergencia para implementar políticas económicas estructurales sin debate legislativo.
