Una adolescente fue asesinada cuando un conjunto de tropas hondureñas abrieron fuego contra manifestantes desarmados en Tegucigalpa el sábado, luego de que el gobierno declarara un toque de queda de 10 días y suspendiera los derechos constitucionales en un intento por contener una creciente crisis política alimentada por evidencia de fraude electoral.
Según los testigos, Kimberly Dayana Fonseca, de 19 años, fue asesinada a tiros en Tegucigalpa en la madrugada del sábado por la policía militar, miembros de una gran fuerza leal al gobierno derechista de Juan Orlando Hernández, acusado de entrometerse en el recuento de votos después de las elecciones del domingo pasado en un intento de aferrarse al poder.
Hubo informes de detenciones masivas y lesiones graves durante la noche después de que el gobierno desplegó tropas en todo el país en lo que muchos temen es un retorno al gobierno autocrático. Al menos cuatro personas hondureñas fueron confirmadas muertas.
Seis días después de las elecciones, el ganador de la carrera presidencial aún no ha sido declarado por la atribulada Comisión Electoral (TSE), que está bajo el control del Partido Nacional de Hernández.
El líder opositor de la Alianza, Salvador Nasralla, tenía cinco puntos de ventaja hasta que una serie de irregularidades, incluidas misteriosas demoras en los votos rurales y fallos informáticos, supusieron que su ventaja aparentemente insuperable se anuló.
“El fraude ya no puede llamarse fraude”, le dijo a Eugenio Sosa, sociólogo y analista político. “Este es un tipo de golpe electoral contra el presidente electo, Salvador Nasralla”.
La debacle electoral sumió al país centroamericano de 8,5 millones de personas en su peor crisis política desde un golpe respaldado por los militares en 2009 que desencadenó una violenta represión contra los activistas sociales y políticos.
La crisis actual está estrechamente relacionada con la consolidación del poder por parte de Hernández y sus aliados desde el golpe, que le ha dado al Partido Nacional el control del Congreso, el poder judicial y las fuerzas armadas. Hernández usó una decisión controvertida de jueces amistosos en la corte suprema para justificar su intento por un segundo mandato en el poder, a pesar de la constitución que prohíbe la reelección de dirigentes.
Con información de The Guardian
