En su editorial, ECOS DE JIM CROW PARA EL ELECTORADO DE GEORGIA, The New York Times dice lo siguiente:
El desastroso fallo de la Corte Suprema que paralizó a la Ley sobre el derecho al voto hace tres años ha envalentonado a funcionarios locales, en las jurisdicciones que han quedado libres de la supervisión federal, a realizar nuevos y agresivos intentos para suprimir a electores.
El año pasado, en Sparta, Georgia, funcionarios electorales blancos decidieron cuestionar sistemáticamente el registro de más de 180 electores, en su mayoría negros, despachando a subalternos del alguacil para que los detuvieran. A estos electores les entregaron citatorios de “cortesía” por los cuales se les ordenaba comparecer en persona para probarles su residencia a los funcionarios o, de lo contrario, perderían su derecho a votar.
En un reflejo de Jim Crow South, los votantes negros describieron cómo, de repente, se les acercaba un policía uniformado y cuestionaba su derecho a votar. “Yo estaba algo nervioso”, un votante le dijo a Michael Wines de The times. “No sabía qué hacer”. Funcionarios locales dijeron que el objetivo era protegerse contra el fraude electoral. Esta excusa falsa se ha utilizado para imponer diversas normas para suprimir el voto en este año electoral. El fraude electoral es una amenaza que no es un problema en las elecciones de Estados Unidos, como han demostrado repetidamente la investigaciones.
Debido a que la Corte Suprema le quitó a la Ley de derecho al voto la disposición por la cual se requería que todos los cambios electorales en Georgia estuvieran aprobados de antemano por los monitores federales, los habitantes negros de Sparta no tuvieron otra opción más que presentar una demanda para objetar que se eliminara del padrón electoral a 53 residentes. Acusan a los funcionarios electorales de planear darle una ventaja a un candidato blanco a la alcaldía en las elecciones municipales, mismo que, al final, ganó un estrecho margen en el 2015.
El caso de Sparta es solo uno de diversos intentos por suprimir a los votantes que se están llevando a cabo en jurisdicciones que tienen historias de discriminación racial. En una encuesta de opinión que levantó el Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP, se encontró que los gobiernos de seis de los que fueron estados donde se requería la supervisión federal han introducido una serie de restricciones que incluyen limitar los días para el registro y los lugares para votar, así como requisitos estrictos sobre la identificación del elector que afectan en forma desproporcionada a los votantes de las minorías.
El litigio de Sparta ha permitido que 27 personas recuperaran su derecho a votar. Otros electores, obviamente intimidados por la táctica que lleva a cabo la policía, han declinado ir a votar. Los abogados de la comunidad negra planean solicitarle al Departamento de Justicia que vuelva a imponer la aprobación previa a los funcionarios locales, pero ese tipo de respuesta está lejos de ser una certeza. Se ha hecho obvio para los habitantes negros de Sparta que el prejuicio racial está lejos de ser algo del pasado.
© 2016 New York Times News Service
