El gobierno británico tiene menos de un mes para comenzar a hacer concesiones en el proyecto de ley Brexit con el fin de garantizar el inicio de las conversaciones comerciales con la UE en diciembre.
Funcionarios de alto rango en Bruselas dicen que las conversaciones se estancaron desde el discurso de Theresa May en Florencia y advierten que la UE tendrá dificultades para negociar en una cumbre en diciembre a menos que el primer ministro ofrezca más sobre el acuerdo de divorcio Brexit.
Aún queda “mucho por hacer en cuanto a las obligaciones financieras”, dijo el martes el ministro de Europa de Italia, Sandro Gozi, luego de reunirse con el secretario de Brexit, David Davis, en Roma.
Un alto diplomático le dijo a The Guardian que la UE no cedería en el cronograma de negociaciones, ya que quería la seguridad de que el Reino Unido se suscribiría para compartir las deudas y los pasivos de pensiones de la UE, aunque no estaba buscando un número. “Cuando redactamos las pautas sabíamos que llegaríamos a este momento”, dijo el diplomático, refiriéndose al enfrentamiento.
Con el gobierno británico en las rocas, el futuro político de May ahora es una fuente abierta de especulación en Bruselas. Los altos funcionarios se preguntan si ella estará en su puesto en enero y temen que un posible primer ministro, Boris Johnson, pueda confundir las conversaciones.
A pesar de estas preocupaciones, la UE sigue adelante con los preparativos para un futuro acuerdo comercial con el Reino Unido.
Un documento obtenido por The Guardian revela los fundamentos de la UE y confirma, como dijo Bruselas hace mucho tiempo, que será imposible que el Reino Unido obtenga un acuerdo comercial finalizado para marzo de 2019.
El documento de ocho páginas plantea más preguntas de las que responde, pero revela el tamaño de la tarea para acordar una transición y un acuerdo futuro que cubra comercio, seguridad, defensa y política exterior.
El documento pregunta cómo puede la UE “garantizar la igualdad de condiciones” para evitar que el Reino Unido obtenga una ventaja injusta, subsidiando a la industria o menoscabando a la UE en cuanto a normas ambientales, de bienestar y laborales.
Con información de The Guardian
