El derecho de los ciudadanos de la UE que trabajan en Gran Bretaña a enviar prestaciones para niños a sus hijos que viven en el extranjero, aunque hayan nacido después del Brexit, se ha convertido en el último punto de inflamación de los enfrentamientos entre Londres y Bruselas.
Bruselas cree que los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido no deberían verse afectados por el resultado del referéndum, y el equipo negociador de la UE, dirigido por Michel Barnier, planteó la cuestión a mitad de camino de las negociaciones de la semana pasada en Bruselas.
Si bien los británicos están ofreciendo garantizar el pago continuo de las prestaciones por hijos a las familias en el extranjero, si los niños nacen antes de que el Reino Unido abandone la UE, el gobierno no está dispuesto a hacer lo mismo con los hijos de ciudadanos europeos nacidos después del 29 de marzo de 2019.
El Reino Unido proporciona alrededor de 30 millones de libras esterlinas al año en prestaciones a unos 34,000 niños que viven en la UE, sobre todo en Polonia. Desde hace mucho tiempo se pide que se suspendan los pagos para los padres cuyos hijos no viven en el Reino Unido.
Se entiende que los negociadores británicos ofrecieron a sus homólogos de la UE poca esperanza de que repensaran su posición antes de las próximas conversaciones programadas a finales de agosto, aunque prometieron llamar la atención de los ministros sobre el tema. Se entiende que la cuestión más amplia de la seguridad social es probable que se caracterice fuertemente cuando las dos partes se reúnen de nuevo.
El choque era uno de los derechos de los ciudadanos, aunque la diferencia fundamental sigue estando en la insistencia de la UE en que el Tribunal de Justicia Europeo debería supervisar cualquier acuerdo. Theresa May ha insistido en que una prueba de abandonar la UE es si Gran Bretaña está fuera de la jurisdicción de la corte en Luxemburgo.
Las altas cifras del gobierno británico creen que la UE está pidiendo mucho, y en peligro de “imperialismo judicial”. Bruselas insiste en que sólo mediante la participación del TJCE los ciudadanos pueden tener la certeza que necesitan. Fuentes dentro del equipo negociador de la UE dijeron que creían que el primer ministro ha cometido un grave error al insistir en que la falta de participación de la corte es una línea roja.
A pesar de las diferencias, fuentes cercanas a las conversaciones dijeron que creían que un acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos se concretaría antes de octubre, cuando el consejo europeo, formado por los líderes de los estados miembros, se reúna para decidir si ha habido progresos suficientes Sobre las cuestiones clave de retiro de los ciudadanos, el proyecto de ley de divorcio del Reino Unido y la frontera en Irlanda.
Con información de The Guardian
