CIUDAD DE MÉXICO, México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió una notificación formal a instituciones financieras para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias y activos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como del senador Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve implicados.
De acuerdo con un reportaje publicado por Emeequis y firmado por el periodista Jorge García Orozco, la instrucción fue enviada por la UIF a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para inmovilizar operaciones y recursos dentro del sistema financiero mexicano.
Según el documento citado por el medio, la medida deriva del Acuerdo 156/2026 emitido el pasado 6 de mayo y contempla “la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano” como acción preventiva dentro de investigaciones internacionales.
Investigación ligada a “Los Chapitos”
La acción financiera ocurre luego de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes se les señala por presunta conspiración para importar narcóticos, principalmente fentanilo, cocaína y metanfetamina, hacia Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses también los vinculan con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los documentos judiciales estadounidenses, Rocha Moya habría recibido apoyo político y financiero del grupo criminal durante la elección de 2021 a cambio de protección e impunidad para sus operaciones.
Sin postura oficial de Hacienda
Hasta el momento, ni la UIF ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han emitido un posicionamiento público detallado sobre el presunto congelamiento de cuentas o el alcance de las medidas aplicadas contra los involucrados.
Los señalados enfrentan acusaciones que podrían derivar en penas de cadena perpetua en Estados Unidos y también se ha mencionado la posibilidad de solicitudes formales de extradición.
