CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Eva María Vásquez Hernández, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar la información financiera, bancaria y patrimonial de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La legisladora argumentó que la solicitud se deriva de señalamientos difundidos públicamente sobre presuntas contrataciones de asesorías en el extranjero que, de acuerdo con información periodística citada en el exhorto, tendrían un costo superior a los 300 mil dólares. Indicó que es necesario esclarecer el origen de los recursos con los que habrían sido cubiertos esos servicios y descartar posibles irregularidades o el uso indebido de recursos públicos.
Solicitan revisión financiera y patrimonial
En el documento, Vásquez Hernández sostuvo que la confianza ciudadana en las instituciones requiere que cualquier duda sobre el patrimonio de quienes ocupan cargos públicos sea revisada por las autoridades competentes, especialmente cuando existan posibles implicaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con facultades legales para recopilar, analizar e intercambiar información financiera con autoridades nacionales e internacionales cuando existan elementos que justifiquen una investigación, por lo que pidió que dichas atribuciones sean ejercidas conforme al marco jurídico vigente.
Exhortan a la UIF a actuar conforme a la ley
El punto de acuerdo propone que la UIF realice un análisis exhaustivo de la información financiera y patrimonial de la mandataria estatal, solicite intercambio de información con organismos homólogos en el extranjero y, de encontrar elementos suficientes, proceda conforme a las facultades que le otorga la ley.
“La ciudadanía merece respuestas claras y el Estado mexicano tiene la obligación de investigar cualquier hecho que pueda comprometer la legalidad, la transparencia y la confianza en las instituciones”, afirmó la legisladora al presentar la propuesta.
