MANAGUA (proceso).- Junio de 2016 marcó una nueva relación entre México y Nicaragua. Entre el 1 y el 27 de ese mes cuatro mexicanos fueron expulsados del país centroamericano y una académica de la Universidad de Harvard, también de nacionalidad mexicana, sufrió persecución por parte de la policía nicaragüense.
Estos hechos han provocado “una enorme preocupación” en el gobierno de México, sostiene Socorro Flores, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana.
“México es un socio importante para Nicaragua y hemos venido trabajando en distintas áreas donde el diálogo y la cooperación fluyen, y nos han generado enorme preocupación estos casos: el de Jobany Torres, el estudiante de la Universidad Zacatecas, como también las expulsiones recientes de mexicanos”, dice Flores en entrevista con Proceso.
Una fuente diplomática que solicitó el anonimato afirma que el maltrato al que fueron sometidos los cuatro ciudadanos de México y la imposibilidad de los diplomáticos de este país acreditados en Managua para darles acompañamiento, “desgastó en 25 días una relación de décadas”.
Aunque Flores niega que haya fisuras en las relaciones bilaterales, comenta que viajó a Managua para expresar personalmente la preocupación de su gobierno ante el gobierno nicaragüense.
Alerta
México y Nicaragua tienen relaciones diplomáticas desde hace 177 años.
La nación centroamericana es una de las principales receptoras del Fondo Yucatán: México ha financiado importantes proyectos de infraestructura, entre ellos la reconstrucción de una carretera de 50 kilómetros que une a la capital, Managua, con Puerto Sandino.
Según Flores, con financiamiento mexicano también fue construido uno de los hospitales más grandes y modernos de Nicaragua: el hospital escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños, administrado por el Ejército de ese país.
Para el analista político y exdiputado José Pallais, “las relaciones necesariamente tienen que haberse enfriado y costará un tiempo volverlas al excelente nivel en que se encontraban antes de estos hechos, fundamentalmente por la irritación que los eventos han producido entre los diplomáticos de México y de Estados Unidos por negárseles la asistencia consular a sus ciudadanos y, peor aún, en el caso de los mexicanos, por ocultarles el paradero de los detenidos”.
De acuerdo con la subsecretaria Flores, México aún espera que Nicaragua responda a sus planteamientos. “Confiamos en que esa respuesta no demorará mucho”, comenta.
Dice que México ha puesto sobre la mesa diversas opciones para manejar los casos de los mexicanos detenidos en ese país; entre ellas, “un protocolo que deje claro en qué momento tiene que llevarse a cabo la notificación” de las detenciones; establecer los funcionarios a los que deben dirigirse los representantes consulares, precisar en qué lugar deben permanecer retenidos, “en fin, algo que dé certeza a las partes en cuanto al ejercicio de sus funciones”, comenta.
El pasado 27 de junio la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una alerta de viaje en la que hizo una serie de recomendaciones a los mexicanos que deseen ir a Nicaragua.
El pasado 30 de mayo el estudiante universitario Jobany Torres emprendió un viaje sin avisarle a nadie. Hacía pasantías en la empresa minera Hemco, establecida en el Caribe Norte de Nicaragua. El 31 de mayo las autoridades lo encarcelaron y lo tuvieron incomunicado 12 días. Luego lo acusaron de simular su desaparición para desacreditar la imagen del país.
Según informó el semanario Confidencial, Viridiana Ríos, académica de la Universidad de Harvard e investigadora del Woodrow Wilson Center de Washington, llegó a Nicaragua el 21 de junio. Notó que policías la vigilaban. Un día después acudió a la embajada de México en Managua y sus funcionarios le recomendaron salir del país.
El pasado 22 de junio los mexicanos Salvador Tenorio, Eugenio Pacelli Chávez y Emmanuel de Luz Ruiz llegaron junto con tres compañeros (un español, una argentina y un costarricense) a la comunidad La Fonseca, en el Caribe Sur de Nicaragua.
La región olvidada se ha vuelto noticia desde que se anunció la construcción de un canal interoceánico que, de realizarse, pasaría por esta zona. Desde entonces los pobladores, dedicados a la agricultura de subsistencia, se organizaron y convocaron a marchas en rechazo a la construcción del canal. La más reciente fue multitudinaria y llegó hasta Managua.
Francisca Ramírez –39 años, madre de cuatro hijos–, lidera a estos campesinos. Los miembros de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir, entre ellos Tenorio y Pacelli, la conocieron en Managua y posteriormente llegaron a La Fonseca para enseñar a los pobladores a construir ecofogones y hornos envolventes, bicimáquinas, así como implementar agricultura orgánica.
El día que arribaron a La Fonseca, una camioneta de la Policía Nacional de Nicaragua pasó frente a la casa que la comunidad les prestó para que se alojaran. Tres días después, mientras enseñaban a hacer un horno envolvente, uno de los pobladores acercó un papel encendido a un barril con, al parecer, residuos de combustible y provocó una llamarada que le quemó la camisa. La policía y los bomberos se presentaron en el lugar y obligaron a los seis miembros de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir a acudir a la delegación de policía para informar sobre los hechos.
Luego los trasladaron a Managua, donde estuvieron hasta el 27 de junio, cuando los mexicanos fueron llevados a la frontera con Honduras. Al costarricense y a la argentina los llevaron a la frontera con Costa Rica.
“En ningún momento nos dijeron por qué estábamos detenidos”, asegura Pacelli a Proceso. A los seis los recluyeron en un centro de la Dirección de Migración y Extranjería en Managua.
En los interrogatorios los funcionarios de Migración y Extranjería hacían referencia a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En ningún momento permitieron que se comunicaran con la embajada de México.
Las autoridades nicaragüenses insistían en saber desde cuándo y cómo conocieron a Francisca Ramírez. “Se referían a ella de manera muy despectiva. Nos preguntaban cómo nos habíamos enterado de la problemática del canal, si conocíamos el mapa de impacto ambiental del canal”, agrega Tenorio.
Ambos recuerdan que los subieron a un vehículo y que jamás les dijeron que serían deportados.
