La UNICEF ha criticado a las autoridades mexicanas por separar a los niños migrantes mayores de 12 años de sus familias y causar “estrés tóxico”.
Dora Giusti, especialista en protección infantil de UNICEF en México, instó a que México y Estados Unidos aceleren la reunificación familiar, advirtiendo que “el impacto de la separación y la detención genera un estrés tóxico que podría tener repercusiones psicológicas para la vida”.
“Hacemos un llamado fuerte con respecto a esta situación para que nunca se repita en ninguna parte, ni en México ni en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar”, dijo.
Giusti habló el miércoles durante una presentación del informe de la organización, desarraigados en América Central y México: los niños migrantes y refugiados enfrentan un círculo vicioso de penurias y peligros.
El informe explica que los niños migrantes mayores de 12 años por lo general se mantienen en un área separada, incluso si están acompañados por sus familias, mientras que los niños más pequeños se quedan con sus madres.
“Los niños en estos centros de detención no pueden irse para servicios o fines recreativos, incluso en los casos en que el proceso de determinación de la migración o el estatuto de refugiado es largo, y a menudo permanecen detenidos durante semanas o meses”, dijo el documento.
Explicó que a pesar de la implementación del Plan de Frontera Sur por parte del gobierno mexicano en julio de 2014, “una gran cantidad de niños y familias migrantes todavía usan rutas irregulares a través de México para llegar a los Estados Unidos”.
Desde octubre de 2017 hasta junio de 2018, al menos 286,290 migrantes fueron detenidos en la frontera noroeste de México, incluidos 37,450 niños no acompañados y 68,560 unidades familiares.
Estos niños no acompañados corren el mayor riesgo de ser explotados por bandas criminales, y en el caso de las niñas, por la violencia sexual, así como por la discriminación y el rechazo en las comunidades que atraviesan camino al norte, dijo Giusti.
UNICEF estima que casi 60,000 niños migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador estuvieron recluidos en centros de detención migratoria en 2016 y 2017, en lugar de alojarse en albergues, como lo exige la ley.
