Venezuela está buscando la extradición de España de un hombre acusado de haber matado a muerte a otro hombre durante las protestas antigubernamentales en Caracas hace dos años.
El 20 de mayo de 2017, Enzo Franchini Oliveros fue acusado de la muerte de Orlando José Figuera, de 21 años, quien fue golpeado, apuñalado, bañado en gasolina e incendiado durante los enfrentamientos callejeros.
Franchini fue arrestado el lunes en un pueblo cerca de Madrid, según un portavoz de la policía nacional española.
El principal fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, hizo pública la detención el miércoles, acusando a Franchini de delitos que incluyen “intento de asesinato y terrorismo”.
Las protestas contra Nicolás Maduro sacudieron a Venezuela durante varios meses en 2017, lo que provocó una respuesta brutal de las fuerzas de seguridad. Más de 130 personas murieron en los disturbios y miles resultaron heridas, la mayoría de ellos manifestantes antigubernamentales atrapados en la represión.
El gobierno de Venezuela ha insistido en que Figuera fue víctima de un crimen de odio político, que fue el objetivo de apoyar al gobierno.
Pero la principal fiscal general del país en el momento del incidente, Luisa Ortega Díaz, llegó a la conclusión de que Figuera fue apuñalada después de un altercado en una solicitud de empleo. El asaltante de Figuera lo acusó de ser un ladrón; lo golpearon, lo rociaron con gasolina y lo incendiaron.
Ortega ahora vive en el exilio, habiendo roto con el gobierno de Maduro en agosto de ese año.
Las condiciones que condujeron a las protestas de 2017 continúan hoy, mientras Maduro rechaza los desafíos a su poder del líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como el líder legítimo por los Estados Unidos y la mayoría de las democracias del mundo.
La agencia de refugiados de las Naciones Unidas estima que 4 millones de venezolanos han abandonado el país para escapar de la escasez de alimentos, la inseguridad y el colapso económico.
La semana pasada, el jefe de derechos humanos de la ONU acusó a las fuerzas de seguridad de Maduro de cometer una serie de “violaciones graves” contra los disidentes venezolanos, incluidas más de 5,000 ejecuciones extrajudiciales.
