Un juez ha puesto en duda la “verdad histórica” del gobierno federal con respecto a la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero en 2014 al dictaminar que las declaraciones en las que se basaron los hallazgos se obtuvieron ilegalmente y deben ser rechazadas.
Martha Georgina Comte Villalobos, juez de un tribunal federal en Matamoros, Tamaulipas, dijo que las 83 declaraciones hechas por la mayoría de las personas acusadas de participar en el crimen deben omitirse en la investigación de Ayotzinapa debido a la evidencia de que se violaron sus derechos humanos.
La policía del estado de Guerrero, agentes de la oficina del Procurador General de la República (PGR), Policía Federal y personal del ejército y la marina, “entre otros”, cometieron los abusos, declaró el juez.
En una resolución emitida el 25 de octubre, Comte dijo que la mayoría de las personas acusadas de desempeñar un papel en la desaparición y presunta muerte de los estudiantes fueron sometidos a “tortura [y] tratos crueles, inhumanos y degradantes”, “arresto ilegal” o ilegal “detención prolongada”.
Algunos de los detenidos fueron sometidos a las tres violaciones de sus derechos humanos, dijo el juez.
Las declaraciones hechas por tres hombres identificados como perpetradores reales del crimen, Agustín “El Chereje” García Reyes, Jonathan “El Jona” Osorio Cortés y Patricio “El Pato” Reyes Landa, se encuentran entre los despedidos por el juez.
Los tres hombres, todos los cuales apoyaron la versión oficial de los eventos del gobierno federal, fueron puestos en libertad.
“La mayoría de los testigos cuyos derechos fundamentales fueron violados. . . terminaron aceptando las escrituras que se les atribuyeron y aquellos que no formularon acusaciones contra varias personas. . . No es explicable que prácticamente todos ellos, a pesar de tener el derecho de no presentar pruebas y no auto-incriminarse, terminaron haciéndolo. . “, Dijo la resolución del juez.
De acuerdo con la “verdad histórica” del gobierno, los 43 estudiantes del colegio de maestros rurales de Ayotzinapa fueron interceptados por la policía municipal corrupta en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, mientras viajaban en autobuses que habían pedido viajar a una marcha de protesta en la Ciudad de México.
Luego, la policía los entregó a miembros de la pandilla Guerreros Unidos que mataron a los estudiantes, quemaron sus cuerpos en un basurero municipal y dispersaron sus cenizas en un río local.
