Al final, los homicidas, porque eso son aunque sus actos sean culposos y no dolosos, gozan de su plena libertad
Tijuana es la tierra de la impunidad y lo vamos a demostrar con tres casos recientes aunque ejemplos sobran:
Tras la muerte de José Alberto Rodríguez Moreno, un chofer de taxi en un accidente provocado por un automovilista de 18 años de edad que al parecer conducía en estado de ebriedad, la madre del trabajador del volante pide justicia y advierte que el responsable de esta tragedia es de origen estadounidense y que bastará que vuelva a las calles para que cause otra muerte.
Como lo hemos referido en otros espacios, de haber protagonizado este accidente al otro lado de la frontera, de donde al parecer es oriundo, este conductor enfrentaría una pena de por lo menos 4 años de cárcel, cifra que sube según el número de víctimas mortales o de lesionados, así como una exorbitante multa.
En otros casos, algunos conductores han salido en libertad como el tristemente célebre caso de Nailea Salas Fernández, responsable del homicidio culposo en contra del matrimonio compuesto por Juan Valle y Rocío González mientras hacían fila en la Vía Rápida para cruzar a Estados Unidos a bordo de su Pontiac, en compañía de sus hijos Juan, Abel y Valentina, de 15, 11 y 7 años. Los padres murieron -Juan abrasado por las llamadas y Rocío tras horas de agonía en un intento por rescatar a su compañero de vida-, mientras que los menores resultaron con quemaduras de por vida.
También está el homicidio culposo perpetrado por Alexander Parra López, quien el 2 de septiembre de 2022 arroyó al motociclista Jonathan Vélez que esperaba el cambio de luces en un crucero del bulevard Agua Caliente.
Los primeros indicios revelan que Parra, residente de California, huyó al vecino país y que desde entonces ni siquiera ha sido molestado con una petición que la Fiscalía General de la República pueda solicitar a las autoridades estadounidenses para que se presente a responder por la vida que segó.
Al final, los homicidas, porque eso son aunque sus actos sean culposos y no dolosos, gozan de su plena libertad, y en el remoto caso de que puedan sentir algún tipo de remordimiento, no han hecho mucho por procurar la reparación del daño, de las vidas segadas, aunque una vida no tiene precio.
Sobra decir que la legislación en la materia es a todas luces deficiente, que los diputados a cargo de esta y otras leyes y reglamentos en el tema de la conducción bajo la influencia del alcohol no legislan quizás por temor a darse un balazo en el pie y que en un futuro no muy lejano puedan ser ellos los que estén tras las rejas por un caso similar.
