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Un error suspender entrega de visas humanitarias a migrantes: activista

La norma que declara al estado de California como una ciudad santuario permanecerá vigente por lo que los miles de centroamericanos que están entrando a México por la frontera sur podrían optar por dirigirse a Baja California.

caravana
Cortesía / Psn.si

TIJUANA, Baja California.- Preocupa a activistas que la suspensión de visas humanitarias para migrantes provoqué conflictos como los suscitados a finales de 2018 en Tijuana debido a la falta de regulación de las caravanas migrantes que llegaron a la ciudad con el objetivo de cruzar hacía Estados Unidos.

“Siempre mencionábamos que tendría que ser de forma regular y que la gente tendría que desde la entrada a nuestra frontera en el sur del país debería de estar atendida y deberían de darles una identidad para poder regular a la comunidad y darles la oportunidad del libre tránsito en el país. El gobierno debe de prever cómo controlar a la gente, hacia qué direcciones, hacía qué lugares se quiere mover, hay una responsabilidad del gobierno federal de coordinar con los estados por dónde transiten y también los municipios hacía qué lugares se van a dirigir para que no causen problemas sociales como lo que vino a ocasionar en un momento esta caravana que pasó entre noviembre y diciembre del año pasado”, dijo José María García Lara.

Luego de que este jueves una corte federal de apelaciones de Estados Unidos determinará que la norma que declara al estado de California como una ciudad santuario permanecerá vigente, los miles de centroamericanos que están entrando a México por la frontera sur podrían optar por dirigirse a Baja California.

“Se entiende que la comunidades que han llegado a Baja California en estas caravanas han llegado precisamente porque las leyes de California son más accesibles con la comunidad migrante, ahora que son logradas ciudades santuario se ve más lógico que la gente va a querer llegar a Baja California”, agregó el activista.

El gobierno mexicano suspendió la entrega de salvoconductos para personas procedentes de Cuba y Haití, cuyos connacionales agredieron en semanas recientes a personal e instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas.

“El gobierno por un lado no debe generalizar, no es correcto generalizar sino que tiene que verificar a esos grupos a esas personas que vienen haciendo un mal uso de las instalaciones”, indicó.

Actualmente en el albergue Juventud 2000 se alojan alrededor de 140 personas, de los que la gran mayoría es de nacionalidad mexicana.

Con información de Fabiola Solano.

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