TIJUANA, Baja California.- Viudas de agentes fallecidos, junto con policías jubilados y elementos con discapacidad, se manifestaron durante un acto oficial encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, donde interrumpieron el evento para exigir solución a pensiones pendientes y servicios médicos que, aseguran, no han recibido desde hace años.
La protesta ocurrió mientras se realizaba una ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera. Los inconformes se colocaron frente al templete, levantaron carteles con consignas y alzaron la voz para obligar al edil a detener su discurso y escuchar sus reclamos.
Arturo Zavala Banda, dirigente de la Asociación de Policías Retirados de Tijuana, señaló que al menos 90 viudas enfrentan dificultades para obtener la pensión que les corresponde, además de carecer de atención médica. Explicó que esta situación no solo afecta a las familias actuales, sino que también genera incertidumbre entre los agentes activos que temen dejar desprotegidos a sus seres queridos.
El representante denunció que en algunos casos, cuando un oficial fallece y su esposa acude posteriormente a solicitar atención en Issstecali, descubre que ya fue dada de baja del sistema, lo que —según afirmó— las deja en estado de abandono institucional.
Los manifestantes recordaron que durante campaña el actual gobierno municipal prometió resolver el problema y garantizar respaldo a las familias de policías caídos. Sin embargo, sostienen que hasta ahora no se han concretado soluciones ni avances en sus solicitudes.
Entre los mensajes escritos en cartulinas se leían frases como: “20 años sin ayuda. Exigimos pensión y servicios médicos para viudas e hijos de policías caídos”, reflejando el malestar acumulado por la falta de respuesta oficial.
Al concluir el acto, el grupo impidió momentáneamente la salida del alcalde y se generó un intercambio verbal tenso entre algunos manifestantes y personal de seguridad. Tras varios minutos de diálogo, autoridades municipales y representantes del movimiento acordaron trasladarse al Palacio Municipal para instalar una mesa de trabajo en la que se revisarían los casos y demandas planteadas.
