Que no vuelva a ocurrir

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando tenía cuatro años de edad, Rafael (nombre ficticio) fue testigo del asesinato de su madre, a manos de su padre y un tío. Ahora, con 17 años, el muchacho quiere ser abogado para defender a las víctimas de feminicidio y no permitir la impunidad en otras familias, como ocurrió en la suya.

No hay año en que la familia de Rafael no recuerde el 12 de febrero, fecha del feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez, pero también el día en que inició la búsqueda de justicia por parte de María Antonia Márquez Hernández y Viridiana Muciño Márquez, madre y tía de Nadia.

- Publicidad-

Pero este año es distinto, porque hay esperanzas de que el caso de Nadia ingrese a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y se convierta en el primero que se revise en ese organismo, en el contexto de los feminicidios en el Estado de México, y el segundo a nivel nacional, después de Campo Algodonero, en Chihuahua.

Conocí a Rafael el pasado viernes 10, en una rueda de prensa por la conmemoración de los 13 años de búsqueda de justicia de la muerte de su madre, una joven de 24 años que tenía el sueño de convertirse en maestra de preescolar, pero fue asesinada el 12 de febrero de 2004 por su esposo Bernardo López Gutiérrez y su cuñado Isidro.

Trece años que se traducen en los gobiernos de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, tres gobernadores que pudieron haber hecho la diferencia y cambiar la historia de impunidad por la de justicia, la de feminicidio por prevención, pero no lo hicieron.

- Publicidad -

María Antonia Muciño no ha dejado de tocar puertas desde que encontró a su hija Nadia sin vida, después de escuchar de sus nietos el relato del feminicidio, calificado por las autoridades en primera instancia como suicidio.

El primer trecho ganado por María Antonia y Viridiana fue  reconfigurar el delito a homicidio doloso.

- Publicidad -

Nada detiene a María Antonia Muciño en su afán de encontrar justicia para Nadia y para que nunca más otra mujer sea asesinada en el Estado de México o en cualquier parte de nuestro país. Y sonríe con la esperanza de que la CoIDH revise el caso.

Rafael es un joven delgado y alto. Me recuerda a mi hijo mayor, quien tiene su misma edad. Como buen adolescente frente a una adulta extraña, Rafael dice las palabras contadas, pero aun así averiguo que va a la preparatoria pública y que su deseo es estudiar leyes.

¿Y por qué quieres ser abogado? le pregunto. Es la primera vez que me  mira a los ojos y responde firme: “Porque no quiero que otras familias pasen lo que la mía”, y se despide.

“Que no vuelva a ocurrir”, repiten las víctimas del feminicidio, las madres, hermanas, hijas e hijos. Esta es la exigencia constante, y se sigue pidiendo porque la impunidad impera y con ella no sólo la violación de derechos humanos, sino que se fomenta la repetición.

Tres gobernadores han visto pasar a la familia Muciño y ninguno ha tomado en serio la vida y la libertad de las mujeres que viven y transitan por el Estado de México, y mientras esto no ocurra la vida de las mujeres seguirá en riesgo.