CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de destacar que la Corte no debe permitir violaciones constitucionales, los estados de Washington y Minnesota pidieron este lunes mantener en suspenso el veto migratorio del presidente Donald Trump.
De manera paralela, un grupo de exfuncionarios estadunidenses –entre ellos los exsecretarios de Estado Madeleine Albright y John Kerry, así como el exdirector de la CIA, Leon Panetta– argumentó en una carta a la corte que el veto erosiona la seguridad nacional del país.
Los procuradores de Washington y Minnesotta, Robert Ferguson y Lori Swanson, respectivamente, pidieron a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, mantener en suspenso el veto para evitar “la separación de familias, afectación a estudiantes y profesores y bloqueo de viajes”.
“Los acusados argumentan que la seguridad nacional requiere estas afectaciones, pero la Corte no debe permitir las violaciones constitucionales sólo con base en la invocación sin fundamento de las preocupaciones de seguridad nacional”, subrayaron.
Su documento fue apoyado con una moción de “Amigos de la Corte” de un grupo de prominentes exfuncionarios de inteligencia y seguridad, que incluyeron además a Susan Rice, directora del Consejo de Seguridad Nacional bajo el mandato del expresidente Barack Obama.
“Todos coincidimos que Estados Unidos enfrenta amenazas reales de redes terroristas y que debe tomar todos los pasos prudentes y efectivos para combatirlos, incluido el escrutinio apropiado de los visitantes a Estados Unidos”, precisa el documento de los procuradores.
No obstante, añade, “vemos la orden ejecutiva como algo que en última instancia erosiona la seguridad nacional de Estados Unidos, más que hacernos más seguros”.
Argumentan, asimismo, que la orden ejecutiva podría hacer un daño de largo plazo a los intereses de política exterior de Estados Unidos, poniendo en peligro a las tropas y rompiendo las alianzas de seguridad nacional.
Otros de los firmantes del documento fueron el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Michael Hayden, y la exprocuradora de Justicia y exsecretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.
Por separado, en una moción similar de “Amigos de la Corte”, un centenar de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos apoyaron a Washington y Minnesota con el argumento de que la orden hace más difícil la contratación de trabajadores.
Entre las empresas solidarias se encuentran: Apple, Dropbox, Facebook, Google, Lyft, Microsoft, Motzilla, Netflix, Pynterest, Reddit y Twitter.
“La orden (ejecutiva de Trump) representa una desviación significativa de los principios de justicia y predictibilidad que han gobernado el sistema migratorio de Estados Unidos por más de 50 años”, señalaron.
De igual manera, añadieron, “provoca un daño significativo a los negocios estadunidenses, la innovación y el crecimiento. Hace más difícil y oneroso que las empresas estadunidenses puedan reclutar, contratar y detener algunos de los mejores empleados a nivel mundial, y desquicia las operaciones de negocios”.
El Departamento de Justicia dispone de un plazo que vence a las 18 horas de este lunes para presentar sus argumentos antes de que la Corte emita su dictamen final sobre los méritos del caso.
La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito rechazó la petición de emergencia de la administración para restablecer el veto a la entrada de inmigrantes de siete países predominantemente musulmanes.
El tribunal de apelaciones mantuvo así vigente el fallo preliminar del juez James Robart de la Corte Federal en Seattle, que restableció temporalmente los viajes de los refugiados e inmigrantes procedentes de Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
Se espera que el caso llegue eventualmente a la Suprema Corte de Justicia, que en este momento dispone sólo de ocho de sus nueve magistrados. En caso de un empate en el máximo tribunal se mantendrá el fallo de la Corte inferior inmediata.
Desde el pasado viernes se restableció el ingreso de viajeros de los siete países, en tanto que el Departamento de Estado revirtió la cancelación de visas que fueron revocadas provisionalmente después de la prohibición impuesta por Trump.
