TIJUANA, Baja California.- Las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa evidencian, según el Departamento de Estado, la presunta influencia de organizaciones criminales en la gobernanza de Baja California. Thomas Pigott, portavoz de la dependencia, señaló que entre los involucrados figuran asociados del exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y otros operadores políticos.
Señalan presuntos sobornos y vínculos políticos
Pigott afirmó que las designaciones ponen de relieve la influencia de los cárteles en la administración pública y sostuvo que algunos operadores políticos presuntamente recibieron sobornos para proteger las actividades del Cártel de Sinaloa frente a las autoridades. El señalamiento forma parte de las acusaciones formuladas por el gobierno estadounidense en el marco de las sanciones.
Entre los sancionados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar; su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. La OFAC sostiene que Carlos Torres mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, y que habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y evitar acciones de las autoridades.
Ofrecen hasta 5 millones de dólares por información
El Departamento de Estado también mantiene recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de los jefes de plaza de Tijuana, Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”. La misma cantidad se ofrece por información sobre Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.
Las sanciones forman parte de una acción de la OFAC contra una red que, de acuerdo con el Tesoro estadounidense, incluye liderazgos del grupo de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, operadores de Tijuana y Mexicali, presuntos facilitadores financieros y personas señaladas por corrupción. La dependencia precisó que las designaciones bloquean los bienes e intereses en bienes de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense.
