A partir de sus accidentes sus vidas se reducen a la pobreza o hasta la miseria.
El 28 de marzo del 2023 un motociclista perdió su pierna izquierda cuando un camión repartidor de mercancía le amputó de tajo la extremidad inferior con una lámina que sobresalía de la carrocería.
El cuerpo del hombre y un río de sangre quedaron sobre el pavimento de un fraccionamiento de la desarrolladora Urbi.
Un caso similar se registró en Mexicali donde Christopher Ontiveros de apenas 17 años perdió su pierna en octubre de 2024 por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.
El 7 de abril de este año, una mujer mujer identificada como Magnolia Hidalgo Hernández de 49 años, había salido de su trabajo y cuando viajaba a bordo de un taxi rojo y negro la unidad perdió el control por circular a velocidad excesiva y se estrelló contra un poste.
Como resultado, la mujer perdió la pierna que quedó prensada entre el taxi y el poste, y aunque en un primer momento el conductor fue detenido, la empresa anunció que el caso quedaría en manos de la firma que cubre el seguro del pasajero.
Obviamente el chofer salió libre bajo fianza pero desde entonces la familia de Rosalba Hidalgo no ha tenido noticias de dicha aseguradora, e incluso tuvieron que pedir dinero para costear la amputación de la lesionada, y pensar en una prótesis resulta más que un sueño.
No citamos aquí los casos de pasajeros, motociclistas y automovilistas que perdieron la vida en accidentes como los de la empresa Altisa de Victor Sevilla, sino de personas cuya capacidad productiva quedó segada y a partir de sus accidentes sus vidas se reducen a la pobreza o hasta la miseria.
En todos los casos referidos, y hay muchos más en nuestra frontera o en otros estados del país, la constante es que ninguna autoridad ni corporación policiaca han emitido siquiera un posicionamiento, ya no digamos que abran una carpeta de investigación.
Apenas esta semana, un hombre perdió una pierna al ser atropellado por un tren cerca del distrito de Gaslamp en San Diego, cuyo Departamento de Policía sí informó y la empresa investigará el accidente.
Pero en México, en Baja California, estas tragedias pasan al olvido y solo las víctimas y sus seres queridos cargan con el peso de las irresponsabilidades civiles que en algunos casos debieran ser tipificadas como delitos penales, como en el caso del accidente referido en Mexicali.
Nos hemos centrado en casos de pasajeros o motociclistas, por lo general personas trabajadoras que acuden a sus trabajos o reparten comida o mercancías. Ya no es posible que en nuestro país estos accidentes, que en muchos casos tienen altos grados de irresponsabilidad como el de ese camión que arrastraba una lámina que adquirió filo de navaja, no sean castigados. La pelota está en la cancha de los diputados que supuestamente deben legislar.
